La mujer dirigía la unidad gubernamental responsable de imponer las restricciones sanitarias y el 17 de diciembre de 2020, durante la fiestas de Navidad, participó en la fiesta de su despedida.

Una fuente que trabajó estrechamente con Josephs dijo ayer que fue ella “literalmente” quien redactó las instrucciones que regulaban las restricciones sanitarias.

Como directora general, Josephs supervisó las tareas del grupo de trabajo de la pandemia e informaba directamente al Secretario del Gabinete, durante la mayor parte de su mandato.

En el momento de la fiesta, Londres acababa de entrar en el nivel tres de restricciones, con la prohibición de celebrar fiestas y de mezclarse en el interior con personas ajenas a su hogar o a su burbuja de apoyo.

Los asistentes a la fiesta del 17 de diciembre se reunieron en la oficina del grupo de trabajo en el número 70 de Whitehall, donde estuvieron consumiendo alcohol.

Una vez en el ojo del huracán, Josephs se da golpes de pecho ante los periodistas: “Lamento mucho haber hecho eso y el enfado que la gente sentirá a causa de ello”.

Josephs abandonó su cargo en el gobierno de Londres para hacerse cargo del Ayuntamiento de Sheffield.

Las fiestas las está investigando Sue Gray en un contexto de acusaciones múltiples de reuniones multitudinarias en contra de las normas sanitarias de confinamiento.

La fiesta se celebró la noche anterior a los funerales oficiales por el Duque de Edimburgo. Un portavoz del gobierno dijo que era “profundamente lamentable que esto tuviera lugar en un momento de luto nacional”.

Durante los 10 días transcurridos desde el 16 de marzo de 2020, fecha en la que el gobierno pidió a la población que suspendiera los viajes no esenciales, Boris Johnson y su esposa viajaron a su segunda residencia en Buckinghamshire.

Ayer Boris Johnson se enfrentó a varias preguntas sobre si infringió las restricciones sanitarias por sus viajes a sus segundas residencias, después de que el gobierno confirmara que se había desplazado entre Chequers y Downing Street al comienzo del primer confinamiento.

El modelo nazi era un médico entregado a la lucha contra las enfermedades contagiosas que, en aquella época, se decía que procedian del este, de Polonia, como hoy se dice que proceden de África. Alemania necesitaba un “cordón sanitario” que protegiera a su población de la enfermedad y la muerte, causadas por la suciedad en la que vivían las poblaciones eslavas y orientales.

Ya antes de 1933 los médicos alemanes fueron los más entusiastas partidarios de Hitler. En 1939 más de la mitad de ellos estaban afiliados al partido nazi, e incluso a las SS. Durante años habían sido educados en unas facultades imbuidas de racismo y eugenesia. Muchos de ellos participaban en la discriminación de la población. A ellos les correspondía decidir quiénes eran arios y quiénes entraban en la categoría de subhumanos.

Quien controlaba las organizaciones sanitarias era el Ministerio del Interior. El Departamento IV de Sanidad y Protección de la Población estaba dirigido por un Secretario de Estado, el doctor Arthur Gütt, y luego, desde 1935 hasta 1945, el doctor Leonardo Conti. Desde esa Oficina de Sanidad los nazis dirigían desde la Academia de Medicina hasta la Cruz Roja alemana.

En 1933 el Colegio de Médicos fue confiado a los miembros de la Liga Nacional Socialista de Médicos Alemanes y Gebhard Wagner se convirtió en su presidente. Dos años después se convirtió en la Cámara Médica del Reich. Todos los médicos alemanes debían estar registrados en la Cámara para poder ejercer. Cambiaron las ordenanzas que regulaban el ejercicio de la medicina. El antiguo código deontológico fue derogado y aparecieron sus propios tribunales para garantizar que cada médico realizaba su tarea de acuerdo con los principios nazis.

El “cordón sanitario” y los guetos que los nazis impusieron en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial lo justificaron con el tifus. El eugenismo alemán consideraba que los eslavos, por ejemplo, eran los portadores naturales de la enfermedad, por lo que debían ser enviados a los campos de concentración para ser desinfectados. En 1941 se publicó una obra colectiva titulada “Guerra de Epidemias. La misión sanitaria alemana en el Este”, donde el III Reich afirmaba que en Polonia había estallado un “brote epidémico” que era necesario tratar.

El este de Europa estaba poblado por pueblos atrasados y sucios, portadores de enfermedades, mientras Alemania era una tierra limpia, gobernada por médicos y vacunas. El progreso de la higiene y la ciencia había convertido a Alemania en la patria de la salud, siempre amenazada por el contagio de sus vecinos.

Gracias a los nazis, los alemanes disfrutaban de una dieta sana, natural, sin alcohol, carne, grasas ni azúcares. Fue el sueño de Hitler etonces y el del ministro Garzón ahora. Los alemanes debían comer verduras, pan integral y abandonar el tabaco. El III Reich fue el paraíso de las leyes contra el tabaco. En 1939 un médico alemán, Franz Müller, publicó el primer estudio sobre el papel del tabaco en el cáncer de pulmón.

Las primeras medidas antitabaco se adoptaron en Alemania en 1938. La campaña se desarrolló en los primeros años de la guerra con la fundación de un Instituto de Investigación del Riesgo del Tabaco en la Universidad de Jena, dirigido por un médico de las SS, Kurt Astel. En las oficinas del partido nazi no se podía fumar. En 1938 se prohibió el tabaco en la Luftwaffe, luego en Correos, en los asilos y en las escuelas. Las prohibiciones fueron acompañadas por la creación en 1939 de una oficina contra los peligros del alcohol y el tabaco. El tabaquismo era una degeneración racial, un veneno genético que corrompía el genoma germánico.

Los nazis limpiaron primero su casa y luego pasaron a limpiar la de sus apestosos vecinos, encerrando a las poblaciones en guetos y trasladándolas a campos de concentración para desinfectarlas.

En 1917 el tifus fue considerado en Alemania como una enfermedad eslava y bolchevique y, veinte años después, como judía. Fue un caso evidente de obsesión paranoica. El tifus estaba en el centro de la política sanitaria alemana en Polonia. Se trataba de evitar que una posible epidemia polaca llegara al Reich y contaminara a los soldados del ejército.

Tan pronto como Polonia fue invadida, los alemanes crearon toda una red de instituciones preventivas contra el tifus, aunque todavía no se había producido ninguna epidemia grave. Como los judíos eran los portadores naturales del tifus, a partir de noviembre de 1939 empezaron a secuestrar a la población que consideraban como judía.

Incluso antes de la construcción de los muros del apartheid que en Varsovia separaban a unos barrios de otros, el perímetro del futuro gueto podía adivinarse por los tableros que mostraban en grandes letras “Seuchensperrgebiet” (zona prohibida de epidemias). Los alemanes hacinaron a un tercio de la población de Varsovia, casi medio millón de personas, en el 5 por ciento de su superficie, unas 160 hectáreas.

Naturalmente, no había ninguna epidemia, pero el hacinamiento de miles de personas en un entorno cerrado provocó el resultado buscado, el tifus, la epidemia que se pretendía prevenir. Unas 100.000 personas contrajeron el tifus en el gueto de Varsovia, con una tasa de mortalidad cercana al 40 por cien. Como ha ocurrido tantas veces en la historia de la medicina, es el remedio el que causa la enfermedad.

A su vez, la epidemia favorecía las políticas discriminatorias nazis, la separación racial y la histeria de salud pública. El apartheid sanitario ayudó a exterminar a una parte importante de la población polaca. Otra sirvió como conejillo de indias de experimentos médicos y estimuló la producción de las empresas farmacéuticas alemanas, que empezaron a investigar en la producción de vacunas contra la fiebre tifoidea.

Con el pretexto de la lucha contra el tifus, el gobierno nazi introdujo los pasaportes sanitarios y la distancia social. Antes de subirse a un tren era necesaria una autorización médica especial y en los transportes públicos se establecieron asientos de uso exclusivo, ya que la transmisión de pulgas infecciosas se ve facilitada por el uso común de las instalaciones colectivas.

En la ideología nazi, el enemigo tiene tanto connotaciones de clase como médicas. Las mismas palabras que se utilizan en biología, se utilizan también en el ejército. El enemigo es un apestado.

El examen reveló que la inyección indujo la formación de coágulos que causaron la muerte de 14 de los 15 pacientes. El órgano más afectado fue el corazón, pero también se vieron afectados otros órganos como los pulmones y el hígado.

Los fallecidos eran personas que habían muerto en casa, en eventos deportivos, en el coche o en el trabajo. Los familiares pidieron que se examinaran los cuerpos de las víctimas, lo que llevaron a cabo la doctora Arne Burkhardt y el doctor Sucharit Bhakdi.

El doctor Bhakdi ha dedicado toda su vida a la práctica, la enseñanza y la investigación de la microbiología y las enfermedades infecciosas. La doctora Burkhardt es patóloga y viróloga, un campo en el que ha publicado más de 300 artículos científicos.

A los primeros 15 cadáveres, Burkhardt añadió posteriormente 55 pacientes más, con lo que el número total de autopsias ascendió a 70. En más del 90 por cien de los fallecidos, Burkhardt encontró un ataque autoinmune en los tejidos de estos órganos por parte de las células T, en el rango de edad de 28 a 90 años.

En todas las muertes encontraron los mismos hallazgos patológicos. El único denominador común en todos ellos fue la vacuna. Cuatro de las víctimas de las vacunas sólo recibieron una dosis, pero con cada inyección el sistema inmunitario empeora progresivamente.

Bhakdi asegura que las vacunas producen proteínas de superficie que preparan a los órganos para el ataque de los linfocitos T. Hay “una explosión de tumores y cánceres entre los vacunados que nadie puede explicar”, dice Bhakdi.

A principios de este año el doctor Hoffe descubrió que el 60 por cien de los pacientes que recibieron las vacunas tenían niveles elevados del dímero D, que es un indicador de la coagulación en las paredes de los vasos sanguíneos pequeños.

El doctor Ryan Cole, otro patólogo, señala que el cáncer de útero se ha multiplicado por veinte, así como otros tumores. Cole señala que las vacunas no estimulan a los pacientes a producir suficiente IgA secretora, que es la primera línea de defensa que mantiene una respuesta inmune equilibrada.

Cole sostiene que los infiltrados de células T en la población vacunada son destructivos para el tejido y trabaja en un estudio para comprobar cómo se deposita la proteína de superficie en los órganos en el lugar de las inyeccciones.

En los tejidos que rodean los vasos sanguíneos hay una importante acumulación de células T. Los eventos inflamatorios en los vasos sanguíneos pequeños se caracterizan por la abundancia de células T y de células endoteliales muertas, lo que a su vez da lugar a coágulos sanguíneos.

Además, se produce una infiltración masiva de órganos y tejidos con estas células del sistema inmune. El corazón es el principal órgano implicado, pero la coagulación puede producirse en cualquier parte, desde el cerebro hasta los vasos sanguíneos..

nemosnewsnetwork.com

El miércoles el Primer Ministro, Petr Fiala, anunció que el nuevo gobierno del país abandonada los planes del gobierno anterior de introducir vacunas obligatorias para los ancianos y los que ejercen determinadas profesiones.

“No queremos ahondar en las fisuras de la sociedad”, anunció Fiala en una rueda de prensa. Se había previsto que los mayores de 60 años y el personal sanitario estuvieran obligados a vacunarse a partir del mes de marzo. Sin embargo, las órdenes ya no seguirán adelante, y muchas personas de la sociedad checa e internacional han expresado su alivio.

Fiala subrayó que el gobierno sigue considerando que la vacunación es la forma más eficaz de hacer frente al coronavirus, pero dijo que el gobierno no obligará a los ciudadanos a cumplirla.

El decreto de vacunación obligatoria había sido introducido por el anterior gobierno dirigido por el ANO.

Aunque la tasa de vacunación de la República Checa es superior a la de otros países de Europa Central y Oriental, se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea. La tasa de vacunación del país es actualmente del 64 por cien, frente al 56 por cien registrado en septiembre.

En un país de 10,7 millones de habitantes, 6,7 millones se consideran totalmente vacunados.

Los informes indican que sólo 2,8 millones de personas en la República Checa han recibido una vacuna de refuerzo.

El nuevo ministro de Sanidad checo, Vlastimil Valek, declaró que la vacunación obligatoria era “un sinsentido desde el principio”.

La decisión de suprimir la obligatoriedad de las vacunas se produjo tras el revuelo causado por los planes.

El 9 de enero, miles de personas se manifestaron en Praga contra la imposición, marchando por la capital para protestar contra las vacunas obligatorias para determinados grupos y profesiones.

Los manifestantes se reunieron en el centro de la ciudad para cuestionar públicamente la eficacia de las vacunas actuales y rechazar la vacunación de los niños. Recorrieron la capital coreando “Libertad, libertad”.

Ese fin de semana se produjeron protestas similares, y el sábado 8 de enero hubo manifestaciones más pequeñas en varias ciudades checas.

Las manifestaciones fueron en respuesta a la orden del gobierno anterior, a principios de diciembre, por la que se obligaba a vacunar a los mayores de 60 años y a los que ejercían una serie de profesiones, como el personal médico, los policías,

los estudiantes de medicina y los bomberos.

En diciembre, el gobierno del Primer Ministro Andrej Babis fue sustituido por otro formado por cinco partidos que ganaron las elecciones parlamentarias de octubre, dirigido por el Primer Ministro Petr Fiala.

El nuevo gobierno manifestó su oposición a las vacunaciones forzosas para las personas mayores y se mostró dispuesta a anularlo, pero antes no descartó la vacunación obligatoria para algunos, en función de la evolución de la pandemia.

El gobierno ha anunciado su decisión antes de lo que algunos esperaban, ya que los informes preveían que anunciaría su decisión a mediados de febrero.

El término más concreto del que hablan es de la OMS. Para estos comunicadores poco importa que los “expertos” en el universo de la epidemiología se pueden contar por miles, quizá por centenares de miles. Todos, o la inmensa mayoría desconocidos para los miles de millones de la población mundial afectados por el nuevo orden. Sin embargo el número de los “expertos” contrarios a los sueros, son seguramente tantos como los otros.

La diferencia es que todos estos dan la cara y no ocultan su filiación. Toda la información y todos los mantras sobre los sueros que se están inoculando tienen el mismo formato en los medios de comunicación; todo tiene la misma melodía, la misma letra y el mismo esquema de la mentira repetida mil veces para convertirla en verdad.

Así es la situación tensa que vive el mundo. Pero, vista la notable discrepancia entre el punto de vista de los “expertos” virtualmente desconocidos que cierran filas en favor de las vacunas, y los expertos que son contrarios a los sueros de nuevo cuño, tampoco se advierte la más mínima intención de plantearse por parte de los dirigentes políticos y de los componentes de esa difusa “comunidad científica” un debate a escala mundial o nacional en cada país, para que la información completa llegue a los ciudadanos del mundo sobre asunto tan complejo como espinoso.

Esta renuencia al debate refuerza la postura de los millones y millones de personas que en el planeta responden con total desconfianza frente a las imposiciones gubernamentales y a los argumentos simplistas de quienes obsesivamente dieron por zanjado el asunto a partir de la declaración de pandemia de la OMS en marzo de 2020

Por otro lado, el hecho de que la OMS haya pasado de ser un organismo creado por 194 países de las Naciones Unidas sostenidas por cada nación en función de sus recursos, a ser una organización en manos prácticamente privadas, las innumerables discrepancias entre científicos y la opacidad con que se adoptan las decisiones, ha llevado al mundo a un virtual enfrentamiento entre afirmacionistas y negacionistas. Los que se niegan al debate, que, por otra parte actúan manu militari, han decidido llevar hasta sus últimas consecuencias una vacunación sin base científica y con resultados desastrosos, con innumerables contradicciones en sus planteamientos y con una absoluta falta de persuasión ante quienes desconfían cada vez más, por eso mismo, porque vencen pero no convencen. Porque ven en todo este aparato político-sanitario relativo a la pandemia contumacia, maniobras, opacidad y el decidido propósito de actuar coercitivamente a partir de unas intenciones cada día que pasa como más sombrías y tenebrosas y de más contenido nazi.

Éste es es verdadero motivo de la división en cada nación y en el mundo entero entre los científicos que han optado por la imprudencia de aceptar rápidamente conclusiones (y aplicarlas el brazo político armado) que la ciencia, justo por su proverbial prudencia, no puede asumir en el escaso tiempo de dos años, y los científicos prudentes que, con criterios firmes y racionalmente argumentados, ven el peligro de que el supuesto remedio que a la corta y a la larga sea mucho peor que la enfermedad…

Fue anunciado en la cuenta oficial de Instagram de la Duma Estatal esta semana. Hubo una especie de prueba de funcionamiento de este sistema de código QR en Moscú. No duró mucho y apenas tuvo aceptación, precisamente por la idiosincrasia rusa.

Los filtros en el acceso a las entradas del metro colapsó el transporte y duró alrededor de 48 horas en total. La mayoría de restaurantes hicieron también caso omiso a esta obligatoriedad.

Más tarde se puso en marcha un proyecto similar en Tatarstán con resultados aún más violentamente resistidos. Y es que si esto hubiera sucedido a nivel nacional, podría haber quebrado la economía rusa.

Para las masas rusas esto demostrará que la obstinación vale la pena. Muy a menudo, las personas de inteligencia cuestionable sobrestiman en gran medida la capacidad del individuo para lograr cambios en la sociedad, pero una cosa que el individuo puede hacer es resistir, y cuando la mayoría de la población decide rechinar las ruedas, el motor se detiene. La mentalidad más colectiva de los rusos ha salvado la vida y los rasgos culturales rusos de total desprecio por las reglas impuestas.

Este nuevo escenario, donde Rusia parece abandonar por completo su guerra contra Covid, significará que los rusos de repente representarán un "peligro" para las poblaciones de naciones extranjeras y se les puede prohibir viajar a la mayoría, si no a todo, Occidente, independientemente de la vacunación.

E ir a Rusia como occidental podría significar la muerte de su futuro viajero, ya que se ha visto afectado por la falta de medidas anti-Covid. Esto puede parecer una locura, pero es burocráticamente lógico y un siguiente paso natural en el conflicto monopolar versus multipolar en constante evolución en el que todos estamos en contra de nuestra voluntad.

Antes se les prohibía la movilidad a los rusos, por comunistas; ahora, por infectados.

strategic-culture.org

Es el fin del gota a gota. El 6 de enero el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) publicó una nueva guía en la que se informaba a los hospitales de que, a partir del 2 de febrero, ya no tendrían que notificar al gobierno las muertes diarias de coronavirus.

Aunque las nuevas directrices del HHS se publicaron el 6 de enero, no se conocieron hasta que las hizo públicas el doctor Jorge A. Caballero, instructor clínico de la Universidad de Stanford.

El mismo día en que el HHS publicó la guía actualizada, el doctor Ezekiel Emanuel, antiguo asesor del gobierno de Biden sobre la pandemia y defensor de la eugenesia, publicó un artículo en el Journal of the American Medical Association en el que pedía a los gobiernos que eliminaran los informes sobre las muertes “por covid”.

El llamamiento de Emanuel a la “nueva normalidad” fue acogido con satisfacción en un editorial del Washington Post. Hay que “reconvertir” la pandemia en una cosa distinta, una endemia, tenemos que aprender a convivir con el virus... “Tendrá que pasar a ser una amenaza sanitaria manejable sin que se produzcan trastornos masivos y una ansiedad abrumadora”.

Hay que cambiar la manera de llevar la contabilidad, dice el Washington Post, “construir una auténtica infraestructura de datos de salud pública”, porque se acaban de dar cuenta ahora que el sistema es “fragmentario e impreciso” y que tienen que mejorar hasta las mascarillas.

Hasta ahora de los datos cuantitativos no se podía ni hablar, pero ya no se sostienen ni ellos, como hemos venido denunciando aquí desde hace dos años. “Es necesario reconstruir la confianza en las instituciones sanitarias públicas”, propone el periódico (2).

Los CDC han mantenido conversaciones con el Consejo de Epidemiólogos Estatales y Territoriales sobre una directiva que “exigiría a los estados limitar la notificación diaria de casos”, según un el New York Times.

Algunos estados ya han dejado de notificar diariamente los casos, pasando a un sistema de notificación de pruebas una vez a la semana. El director general de salud de Florida, Joseph Ladapo, dijo el mes pasado que el estado tiene la intención de acabar con pruebas.

Incluso más estados están planeando poner fin a la notificación diaria de casos. Muchos de ellos están dispuestos a hacer el cambio en los próximos meses, dijo Marcelle Layton, jefa médica del Consejo de Epidemiólogos Estatales y Territoriales, al New York Times.

Las estadísticas oficiales del martes contabilizaban 13.023 pacientes catalogados como “covid”, pero 6.767 no estaban siendo tratados principalmente por dicho motivo.

En Londres la cifra es aún mayor, ya que el 64 por cien de los pacientes catalogados como “covid” fueron hospitalizados por otro motivo.

En septiembre el número de pacientes contabilizados como “pacientes covid” cuando estaban siendo tratados por otra cosa era de alrededor del 23 por cien, lo que significa que esta cifra ha aumentado un 29 por cien en cuatro meses.

“El aumento de la proporción de pacientes ingresados en el hospital ‘con covid’ en lugar de ‘por el covid’ es otra señal de que la actual oleada del virus no ha provocado el mismo tipo de presión sobre los cuidados intensivos que en oleadas anteriores”, informa Sky News (*).

Un número significativo de esos pacientes “con covid” también se contagió después de ingresar en el hospital por otra enfermedad.

Las cifras de diciembre mostraron que el 65 por cien de las personas descritas como “pacientes de covid” sólo dieron positivo en las pruebas después de haber sido ingresadas en el hospital por otro motivo.

A lo largo de los dos años de pandemia, la burocracia sanitaria ha inflado artificialmente las repercusiones del coronavirus, contando entre las personas muertas u hospitalizadas “por covid” a quienes dieron positivo en alguna prueba de detección.

El truco más socorrido ha sido contabilizar las muertes y hospitalizaciones “con covid” como si fueran “por covid”, acompañado de imágenes dramáticas de las unidades de cuidados intensivos.

Dicen que la medida es “temporal”, lo cual es imposible, porque el transplante es una medida de urgencia para una enfermedad que no tiene otro remedio que ese.

Miles de pacientes solicitan una donación de órganos cada año. En Bélgica hay actualmente más de 1.400 pacientes en lista de espera. La crisis sanitaria ha tenido muchas repercusiones en la atención sanitaria y, lógicamente, en los trasplantes de órganos.

Algunos centros universitarios de trasplante, el UZ de Bruselas y el CHU de Lieja, han decidido suspender de la lista de espera a los pacientes no vacunados. Aunque la vacunación no es obligatoria en Bélgica y es una cuestión de elección personal, el trasplante de una persona no vacunada “podría tener graves consecuencias”.

Las explicaciones de los matasanos no pueden ser más peregrinas. Karl Martin Wissing, profesor de la UZ de Bruselas y presidente de la Sociedad Belga de Trasplantesdice que “negarse a vacunarse no sólo pone en riesgo al paciente, sino también al órgano”. El argumento es falso. Se trata de otro chantaje para renunciar a un derecho fundamental.

La negativa a tratar a un enfermo es un delito que en España se denomina “omisión del deber de socorro”, especialmente grave en el caso de los médicos.

El exceso de mortalidad de 2020 se atribuye al virus, pero el de 2021 no se atribuye a las vacunas. Es posible que el discurso oficial ni siquiera reconozca que hubo tal exceso, o no lo atribuya a las vacunas, sino al “covid”. En tal caso, las vacunas no serían letales; simplemente no habrían servido para nada (en el mejor de los casos).

Las primeras cifras disponibles indican que los excesos de mortalidad son importantes, del orden del 20 por cien en Italia, aunque hay cifras superiores para otros 40 países que también han desatado campañas masivas de vacunación.

Esas cifras serán discutidas durante muchos años y habrá quien diga, posiblemente con razón, que se trata de casos de comorbilidad, ya que las inyecciones se han aplicado hasta en tres dosis a poblaciones físicamente muy debilitadas, como ancianos o personas inmunodeprimidas. Entonces tendremos que reconocer que los gobiernos jamás debieron debilitar más a los más débiles con inyecciones repetidas, una detrás de otra.

Lo más notable es que aún no ha transcurrido un año y aún no podemos saber los efectos a largo plazo de las vacunas que, como con el resto de la pandemia, habrá quien los niegue y lo tendrá mucho más fácil. Si no aceptan que los muertos habidos el año pasado se deben a las vacunas, mucho menos admitirán lo mismo a medida que el tiempo transcurra.

Los efectos letales de las vacunas tampoco son directos, sino que operan a través de otras enfermedades que inducen en el organismo. Por ejemplo, un alto médico militar de Estados Unidos declaró ante un tribunal que habría un aumento del 300 por cien de los casos de cáncer en el ejército en 2021, expresando su preocupación por la relación con la vacunación, ya que el ejército estadounidense está vacunado en un 96 por cien.

Los efectos indirectos y a largo plazo de las vacunas no sólo van a causar muertes sino enfermedades de larga duración, es decir, una fuerte presión sobre el sistema hospitalario. Especialmente preocupante es el hecho de que estas vacunas no han fortalecido el sistema inmune, sino todo lo contrario, lo cual significará más enfermos y enfermedades más graves. En términos técnicos se califican como Vaed o “enfermedades potenciadas asociadas a las vacunas”.

En resumen, parece comprobado que las vacunas no han reducido el riesgo de enfermedad ni de mortalidad. Desde luego que tampoco han impedido la circulación del coronavirus, la transmisión o el contagio, por lo que el año pasado fue otro caso bastante claro de que el remedio creó la enfermedad.

Se va a comprobar en África y otros países en desarrollo, cuando las ONG inicien campañas masivas de vacunación. Hasta ahora han logrado mantener tasas bajas de mortalidad, pero en cuanto comiencen a inyectar las vacunas, el número de muertes aumentará y los medios empezarán a hablar de una epidemia que, hasta ahora, no había aparecido..

Una movilización de miles de camioneros y camiones, a los que se añadieron los campesinos con sus tractores, es una proeza sindical gigantesca. Anunciaron de antemano que tenían intención de quedarse en Ottawa, la capital de Canadá, y a la policía no le quedó otro remedio que aceptarlo, aunque pidieron refuerzos a la policía de Toronto.

El Primer Ministro Justin Trudeau tuvo que ser evacuado de la capital por el miedo a que la situación se desbordara.

Un numeroso grupo de personas se instaló en las cabinas de los camiones con una cuidadosa preparación para satisfacer sus necesidades durante semanas o meses. Los camiones que han circulado por la autopistas canadienses no llevaban los remolques vacíos. Estaban cargados de suministros.

Los camioneros pusieron en marcha un protocolo bien coordinado. Por ejemplo, apareció el típico provocador encapuchado que estaban esperando las televisiones: portaba una bandera de la confederación de Estados Unidos y fue apartado discretamente. La intoxicación no pudo aprovechar el montaje.

Los organizadores también han mantenido una estricta disciplina de comunicación, no concediendo entrevistas a las grandes cadenas de comunicación, eligiendo cuidadosamente sus propios medios de difusión alternativos.

Nil Köksal, un presentador del programa Power & Politics de la CBC sugirió el viernes que quien había movilizado a los camioneros candienses era... Rusia, naturalmente (*).

El farsante lo aseguró mientras entrevistaba al ministro canadiense de Seguridad Pública, Marco Mendicino, en el momento preciso en que los manifestantes llegaban a Ottawa.

“Teniendo en cuenta el apoyo de Canadá a Ucrania en la actual crisis con Rusia, no sé si es exagerado preguntarse si existe la preocupación de que los actores rusos sigan alimentando las cosas a medida que crece esta protesta, quizás incluso instigándola desde el exterior”, preguntó Köksal.

Sin rebatir la afirmación, Mendocino dijo que dejaría la respuesta a sus expertos en seguridad nacional. “Una vez más, lo dejaré en manos de nuestros socios de seguridad pública, los funcionarios capacitados y expertos en este campo”, dijo Mendicino.

Hasta la fecha, ni la policía ni el servicio de inteligencia de Canadá han emitido una advertencia al respecto.

Pero si Rusia y Ucrania fallan, los intoxicadores recurren a otras argucias. La tendencia de los principales medios de comunicación canadienses ha sido la de presentar la movilización como un movimiento “extremista” dispuesto a asaltar la capital, similar al asalto al Capitolio de Washington o la reciente irrupción de los ganaderos en el Ayuntamiento de Lorca.

Cuando no pudieron ocultar por más tiempo la protesta, la minimizaron aludiendo a “cientos” de camioneros. Había que multiplicar las cifras por 20.

Al comienzo de la pandemia actual se habló en términos militares, pero tras la declararon de la guera al virus, lo que hicieron los gobiernos fue declarar la guerra a su propio pueblo, encerrándolo en sus viviendas (si las tenían) y preservando la “distancia social” de unos con otros.

El año pasado la Universidad de Cambridge volvió a recordar el estrecho vínculo entre la pandemia y la represión política (*). “La salud y la política pueden estar más entrelazadas de lo que imaginábamos”, dicen los autores.

El miedo es, como siempre, una de las claves porque el verdadero poder político no consiste sólo en moldear el pensamiento político de las masas, sino su conducta, sus hábitos y su comportamiento. El poder es una fuerza capaz de lograr que millones de personas hagan lo que nunca hubieran imaginado siquiera, como ponerse una mascarilla, por ejemplo.

No hay factor más enfermizo que el miedo. La salud es una preocupación que llega a convertirse en verdadera obsesión. Hay quien cree que va a preservar su salud alejándose de otras personas, cuya cercanía le puede perjudicar o contagiar. Incluso hay quien durante las fiestas de fin de año ha renunciado a compartirlas en familia porque prefieren aislarse. Hasta sus más allegados se han convertido en enemigos.

El estudio de la Universidad de Cambridge, el mayor realizado hasta ahora para investigar los vínculos entre las epidemias y la ideología, revela una fuerte conexión entre el miedo al contagio, con el conformismo político y, en consecuencia, la pérdida de la capacidad crítica, de lucha y de rebeldía, materializada en los aplausos públicos y colectivos a las 7 de la tarde.

Pero no se trata sólo de una actitud pasiva. Las epidemias conducen a grandes masas de la población al apoyo activo a las medidas represivas y a exigir más medidas o medidas más severas. Es algo que ya apareció en la época del sida y que al comienzo de la pandemia se llamó “gestapo de balcón”, es decir, vecinos que se dedicaban a espiar y denunciar a la policía.

En España la actual pandemia ha supuesto el apogeo de la ley mordaza, que el gobierno de coalición se había comprometido a derogar y de la que usó y abusò en abundancia, por más que resultara ilegal, lo mismo que los estados de alarma.

Por si no fuera suficiente con la policía y el ejército, han salido a la calle bandas de matones para imponer las restricciones sanitarias. El miedo ha conducido a altercados y enfrentamientos en los espacios públicos y medios de transporte, con agresiones a quienes no portaban la preceptiva mascarilla o no guardaban la distancia de seguridad.

“Encontramos una relación consistente entre la prevalencia de las enfermedades infecciosas y la preferencia psicológica por la conformidad y las estructuras de poder jerárquicas, pilares de la política autoritaria”, afirma el autor principal del estudio, el doctor Leor Zmigrod, especialista en psicología de la ideología política.

“Las tasas más altas de enfermedades infecciosas predijeron actitudes y resultados políticos como el voto conservador y las estructuras legales autoritarias. A través de múltiples niveles geográficos e históricos de análisis vemos que esta relación emerge una y otra vez”, añadió Zmigrod.

“Estos hallazgos son una señal de advertencia de que los comportamientos que evitan las enfermedades tienen profundas implicaciones para la política”, apunta Zmigrod. “El covid-19 podría moldear las tendencias de las personas hacia la conformidad y la obediencia, y esto podría convertirse en preferencias políticas autoritarias, patrones de voto y leyes”, concluye el director de la investigación.

Los autores abordan la investigación desde el punto de vista individual, pero con mayor énfasis se pude decir lo mismo de los colectivos y grupos políticos, sociales y sindicales, convertidos durante la pandemia en auténticas correas de transmisión de las políticas públicas, incluidas las represivas, que han aceptado de manera casi unánime.

Todo cambió en 1991 gracias a la agresión militar de Estados Unidos contra Irak. La primera noche de la guerra, la CNN fue la única cadena que emitió desde una Bagdad asediada porque los corresponsales de la CNN lograron convencer al gobierno irakí de que les concediera una línea fuera de la ciudad para emitir, que la competencia no consiguió.

“La CNN ganó la guerra” (*), tituló entonces el Washington Post. En el mundo la CNN se convirió en la referencia de las noticias. Pero apareció otra competencia distinta que antes no existía, principalmente Fox y, en menor medida, MSNBC. Entre ambas han acabado con 20 años de dominio de la CNN.

En 2013, mientras la audiencia caía, la cadena contrató al antiguo presidente de NBC Universal, Jeff Zucker, para que tomara las riendas. Debía cambiar radicalmente el formato de las emisiones.

Zucker quiso hacer programas de opinión, al insufrible estilo de La Sexta en España, y cuando Trump se postuló para la carrera presidencial, creyó encontrar la gran oportunidad que había estado esperando. Primero se convirtió en un fiel altavoz del magnate inmobiliario y luego en su más feroz opositor porque a una cadena como la CNN eso le importa un bledo.

Los cabecillas de la CNN nunca calcularon que Trump pudiera derrotar a Clinton en unas elecciones, y se equivocaron de plano. Apostaron al caballo perdedor. Cuando Zucker soltó a sus perros, era demasiado tarde.

Tras el recuento electoral, la cosa estaba clara para la CNN: Trump era el “candidato manchú”, puesto por Putin en la Casa Blanca. No había tomado posesión aún de su cargo, cuando la batalla contra Trump era el tema de portada de todos los noticiarios, una mezcla de mentiras y medias verdades a partes iguales.

Nada salvó a la CNN del naufragio. Ha perdido el 90 por ciento de su audiencia, lo que a llevado a Zucker a dimitir, aunque por un motivo diferente: una aventura sexual con una cabecilla de la cadena, Allison Gollust, algo que está muy mal visto en muchas empresas de Estados Unidos.

Había algo más. Gollust había sido directora de comunicación de Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York y hermano mayor del entonces presentador de la CNN, Chris Cuomo. Al comienzo de la pandemia Zucker y Gollust asesoraron a Cuomo sobre lo que debía decir durante sus ruedas de prensa diarias sobre virus, confinamientos, mascarillas, restricciones y demás.

Aparte de Zucker, también se ha ido Chris Cuomo, el hermano del gobernador. Antes de finales de este año la CNN acabará en manos de Discovery Channel. Su futuro accionista principal, John Malone, de Liberty Media, quiere devolver a la CNN a su origen.

En un auto emitido el 2 de febrero el juez federal Mark Pittman dictaminó que la FDA debe publicar los documentos con un calendario estricto de divulgación.

El pleito comenzó con una solicitud presentada en agosto del año pasado por Profesionales de la Salud Pública y Médicos por la Transparencia. Un mes después, un grupo de más de 30 profesionales de la medicina y la salud pública y científicos de instituciones como Harvard, Yale y UCLA, presentó una demanda contra la FDA después de que denegaran la solicitud inicial.

En ella pidieron a la FDA que publicara “todos los datos e información relacionados con la vacuna de Pfizer”, incluidos los datos de seguridad y eficacia, los informes de los efectos adversos y una lista de ingredientes activos e inactivos.

La FDA argumentó que no tenía suficiente personal para ocuparse de la redacción y divulgación de cientos de miles de páginas, alegando que sólo podía ocuparse de 500 páginas al mes. Eso significaba que los documentos no se revelarían por completo hasta dentro de unos 75 años.

En su auto de 6 de enero, el juez rechazó la petición de la FDA y exigió que revelara 12.000 páginas de documentos antes del 31 de enero y otras 55.000 páginas al mes a partir de entonces.

Pfizer respondió presentando un memorando en el que, según decía, apoyaba la divulgación de los documentos, pero pidió garantías de que la información no fuera divulgada “indebidamente”.

Esta petición habría supuesto un nuevo retraso en la publicación del siguiente tramo de documentos hasta el 1 de mayo.

Los abogados de los científicos demandantes, en un escrito presentado el 25 de enero, pidieron al juez que denegara la petición de la multinacional, pero han vuelto a fracasar en su empeño.

El primer lote de documentos presentado en noviembre de 2021, de tan sólo 500 páginas, revela que se habían producido más de 1.200 muertes relacionadas con la vacuna en los 90 días posteriores a su comercialización.

mpr21.info

La protesta de los camioneros se ha extendido a Nueva Zelanda, donde los vehículos bloquean los accesos al Parlamento de Wellington desde hace tres días. El jueves se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y policías. Más de 120 personas fueron detenidas.

También se ha extendido a Europa, donde se prepara una marcha hacia París que ha sido prohibida por la policía. Las caravanas tienen previsto llegar a la capital francesa el viernes por la noche y algunos piden una “convergencia europea” en Bruselas para el lunes de la semana que viene.

La policía canadiense ha detenido a 23 manifestantes desde el inicio del movimiento. El martes advirtió “que cualquiera que bloquee las calles o ayude a otros a bloquearlas puede ser perseguido” y “es susceptible de ser detenido”. También amenaza con incautar vehículos.

“Los bloqueos, las manifestaciones ilegales son inaceptables” y tienen “un impacto negativo en nuestras empresas, en nuestros fabricantes”, dijo el primer ministro, Justin Trudeau, a los diputados.

En Europa algunas caravanas partieron el miércoles de Niza (sureste), Bayona (suroeste) y Perpiñán (sur). “Se pondrá en marcha un dispositivo específico (...) para evitar los bloqueos de las carreteras y para acusar y detener a quienes infrinjan la prohibición”, advirtió la policía de París, que dijo haber dado “instrucciones firmes”.

En Nueva Zelanda la policía intervino para dispersar la manifestación y, en particular, para desmantelar el campamento improvisado instalado cerca del Parlamento. Cientos de autocaravanas y camiones bloquean los accesos al Parlamento; la mayoría se marchó al cabo de 24 horas, pero un grupo central se quedó, decidido a permanecer allí “todo el tiempo que sea necesario”.

El gobierno ha cerrado el Parlamento y sus accesos, algo insólito, para evitar que los manifestantes reciban refuerzos.

En las calles de Ottawa el ambiente sigue siendo de protesta y celebración. “No nos vamos a ninguna parte”, dijo John Deelstra, que ha estado allí desde el primer día de la movilización, al volante de su camión, envuelto en carteles.

Un poco más adelante, Lloyd Brubacher, un camionero de Ontario, dijo que “lucharía hasta el final, sin importar el resultado”. “Al menos sé que estoy haciendo mi parte, eso es todo lo que puedo hacer... no importa el tiempo que me lleve.

Unos 400 camiones pesados siguen estacionados en la colina del Parlamento y justo bajo el despacho de Trudeau, sin intención de irse.

Pero además de las calles de la capital, los camioneros quieren paralizar algunas rutas comerciales esenciales. El lunes el bloqueo del puente Ambassador, en la frontera con Estados Unidos, fue el paso decisivo que ha desatado la caja de los truenos.

El puente colgante, que une Ontario con Detroit en Estados Unidos, es crucial para la industria del automóvil, pero también para los hospitales estadounidenses que emplean a muchas enfermeras canadienses.

“El bloqueo pone en riesgo las cadenas de suministro, la industria del automóvil, porque este puente es un conducto clave”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. Casi 2,5 millones de camiones utilizan el puente Ambassador cada año. Más de la cuarta parte de las mercancías exportadas entre Estados Unidos y Canadá pasan por él.

Los manifestantes están “infringiendo la ley”, condenó el ministro de Seguridad Pública, Marco Mendicino, diciendo que estaba preparado para enviar refuerzos a la frontera en respuesta a la petición de ayuda del alcalde de Windsor, la ciudad canadiense fronteriza con Detroit.

San Petersburgo ha cerrado el zoo, los teatros, el cine y los museos a los niños, pero el golpe llego a finales de enero, cuando prohibió atender a los niños en los hospitales durante un mes, algo que ya existía para los adultos.

Hay dos excepciones: las emergencias y los diagnósticados de “covid”. Lo demás no interesa, aunque siempre hay una solución: conseguir que el niño sea positivo al “covid” y seguir inflando las cifras de la pandemia.

Varias regiones rusas han seguido a San Petersburgo decidido no hospitalizar a los niños ni darles acceso a una consulta médica, fuera de las emergencias y el “covid”. Entre ellas está Moscú, que también ha anunciado la suspensión de las hospitalizaciones de niños durante tres semanas y han pedido a los padres que pospongan las citas con el médico durante ese tiempo (*).

En Rusia los padres se resisten a vacunar a los niños por la fuerza y hay que hacerles pagar el precio de alguna manera.

El pretexto es ingenioso: lo hacen por el bien de los niños, para que no corran el riesgo de contagiarse. También recurren al argumento del colapso del sistema sanitario, que no se subsana con más inveresines en sanidad sino con menos enfermos.

Limitar el acceso a la asistencia sanitaria durante una pandemia es algo sobre lo que merece la pena reflexionar a fondo.

El demandado es el Centro para el Control del Covid, que se ha expandido a unos 300 centros en todo Estados Unidos, aprovechando que los residentes tenían una gran demanda de pruebas frecuentes de coronavirus.

“El Centro para el Control del Covid contribuyó a la propagación del covid proporcionando resultados negativos falsos”, dijo Ferguson en un comunicado, y añadió que “estos centros de pruebas falsos amenazaron la salud y la seguridad de nuestras comunidades”.

El Centro de Control del Covid almacenó las pruebas en bolsas de basura durante más de una semana, en lugar de refrigerarlas adecuadamente; antedató las fechas de recogida de las muestras para que pudieran seguir procesándose las muestras caducadas; e instruyó a sus empleados para que “mintieran a los pacientes a diario” cuando los ciudadanos de Washington solicitaban información sobre los resultados tardíos.

El fiscal citó a Akbar Syed, Aleya Siyaj y el Doctors Clinical Laboratory en la qurella. Syed y Siyaj, que están casados, cofundaron la empresa de pruebas y viven en Illinois. El laboratorio Doctors Clinical también tiene su sede en Illinois y analiza muestras tomadas en el estado de Washington, aunque no está registrado en la oficina del Secretario de Estado de Washington. En las últimas semanas, clientes de todo el país se han quejado del retraso o la ausencia de los resultados de las pruebas, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias de varios estados, como California e Illinois, a abrir investigaciones.

Según la oficina del fiscal general de Washington, la empresa no tiene licencia para operar en el estado de Washington (a excepción de Yakima) y tiene previsto presentar una orden judicial preliminar para detenerla pronto.

Un antiguo trabajador de Illinois dejó el Centro de Control de Covid después de ver “bolsas de basura de pruebas apiladas y que [su] equipo recibía órdenes de mentir a los pacientes a diario”.

La empresa se retrasó cada vez más en el procesamiento de las muestras y se vio inundada de llamadas solicitando resultados, lo que provocó tiempos de espera de varias horas. A continuación, se indicó al personal que dijera a los pacientes que esperaran los resultados en 24 horas, aunque no hubiera información sobre la muestra en cuestión, o los resultados no fueran concluyentes, lo que obligaba al paciente a someterse a otra prueba.

Hasta el lunes, la empresa también había facturado al gobierno federal 124 millones de dólares por pruebas para pacientes “no asegurados”.

“La empresa marcaba con frecuencia a los pacientes como ‘no asegurados’, aunque lo estuvieran”, dijo la fiscalía. “Los trabajadores tenían instrucciones de marcar a los pacientes como ‘no asegurados’ si el paciente no proporcionaba la información de su seguro en el momento de la prueba o si su compañía de seguros no aparecía en el formulario de entrada de datos de la empresa”.

La multinacional solicitó la aprobación de la vacuna para niños muy pequeños, con el pretexto de que la variante ómicron era peligrosa. Sin embargo, la FDA anunció en un comunicado de prensa que se opone a ello porque no es eficaz.

Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA, se ha negado a explicar a los periodistas la información que puede haber motivado la denegación de la autorización solicitada.

“El ensayo en niños de 6 meses a 4 años está en curso y los datos sobre las dos primeras dosis de 3 mcg en este grupo de edad se comparten con la FDA de forma continua”, dice la página web de la multinacional (*) y la FDA quiere conocer los resultados de los ensayos que están llevando a cabo.

La FDA está retrocediendo en las atrocidades que viene cometiendo con las vacunas. “Poder empezar a evaluar los datos iniciales ha sido útil en nuestra revisión de estas vacunas, pero en este momento creemos que se debe considerar la información adicional relativa a la evaluación en curso de una tercera dosis”, dijeron Peter Marks y Janet Woodcock, comisionada interina de la FDA (*).

Según Janet, que estuvo presente en una reunión informativa, “Marks pareció insinuar que se debía a que los datos aportados por las empresas no eran lo suficientemente sólidos como para justificar una aprobación de emergencia”.

“Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de analizar estas vacunas porque también somos padres, y al analizar estos datos, creo que los padres pueden estar seguros de que hemos establecido un estándar que si algo no cumple con ese estándar, no podemos avanzar”, añadió.

Actualmente, Pfizer está probando su vacuna en 4.500 niños de entre seis meses y menos de 12 años en Estados Unidos, Finlandia, Polonia y España en más de 90 centros de ensayos clínicos.

A diferencia de otras empresas que realizan pequeños estudios en India para vacunas desarrolladas en el extranjero, Pfizer solicitó una excepción citando aprobaciones que había recibido en otros lugares en función de ensayos realizados en países como Estados Unidos y Alemania.

Los funcionarios de salud indios dicen que generalmente solicitan los llamados ensayos puente para determinar si una vacuna es segura y genera una respuesta inmune en sus ciudadanos. Sin embargo, existen disposiciones bajo las reglas de la India para renunciar a tales juicios en ciertas condiciones.

Los Estados Unidos. La compañía, que fue el primer fabricante de medicamentos en buscar la aprobación de emergencia en India para su vacuna desarrollada con BioNTech de Alemania, tomó la decisión de retirarse después de una reunión con la Organización Central de Control de Estándares de Medicamentos (CDSCO) de India el miércoles.

El regulador de medicamentos dijo en su sitio web que sus expertos no recomendaron la vacuna debido a que aún se estaban investigando los efectos secundarios informados en el extranjero. También dijo que Pfizer no había propuesto ningún plan para generar datos de seguridad e inmunogenicidad en India.

“Con base en las deliberaciones de la reunión y nuestra comprensión de la información adicional que el regulador pueda necesitar, la compañía ha decidido retirar su solicitud en este momento”, dijo Pfizer en un comunicado.

“Pfizer continuará interactuando con la autoridad y volverá a enviar su solicitud de aprobación con información adicional a medida que esté disponible en un futuro cercano”.

Reuters fue el primero en dar la noticia.

Pfizer había buscado la autorización para su vacuna en India a fines del año pasado, pero el gobierno aprobó en enero dos inyecciones mucho más baratas: una de la Universidad de Oxford/AstraZeneca y otra desarrollada en India por Bharat Biotech con el Consejo Indio de Investigación Médica.

Ambas compañías solicitaron la aprobación de sus vacunas después de Pfizer, y sus ensayos continúan en India. Compañía local Reddy's Laboratories Ltd está realizando pruebas para la vacuna Sputnik V de Rusia, que se espera que se apruebe este mes o el próximo.

reuters.com