La prensa local reconoce que la causa de la muerte fue una “reacción exagerada a la vacuna” y los “expertos” locales de los CDC recurren a una artimañana que ya escuchamos antes en occidente: sólo se trata de un lote defectuoso.

El argumento sería aceptable si las muertes y los efectos adversos sólo se hubieran detectado en una única provincia, pero al aparecer en varias simultáneamente es una tomadura de pelo.

La provincia de Thanh Hoa lleva inoculando la vacuna a niños de entre 15 y 17 años desde el 30 de noviembre, pero hasta que los niños no han muerto no ha puesto fin al experimento. Se han detectado importantes reacciones adversas en niños de Bac Giang, una provincia cercana a Hanoi, y en Binh Phuoc, una provincia del sur. Los niños desarrollaron síntomas graves que iban desde náuseas hasta fiebre alta y dificultades respiratorias.

Como la culpa es de un lote en mal estado, los “expertos” quieren recurrir a otros lotes, porque tienen muchos almacenados, y lo que es peor: los lote defectuosos no los van a tirar a la basura sino que los quieren reutilizar para vacunar a los adultos. El experimento, pues, continúa.

El director del hospital general del distrito de Ha Trung, Vu Van Chinh, dijo que los efectos adversos eran normales y más probables en los niños que en los adultos. El director de salud señaló: “Los que tengan reacciones o se desmayen deben ser separados para evitar cualquier reacción en cadena”.

Hasta ahora, en la provincia de Thanh Hoa, los CDC han distribuido unas 117.000 dosis de la vacuna en 27 distritos y ciudades, con un total de 56.700 dosis administradas.

También en Vietnam, las muertes a causa de las vacunas están lejos de ser anecdóticas. La semana pasada cuatro trabajadores de una fábrica de calzado, Kim Viet Shoe, en la misma provincia de Thanh Hoa, murieron tras recibir la vacuna china Sinovac, también por una “reacción exagerada”.

En Holanda tropas del ejército recorren las calles en auxilio de la policía para imponer el toque de queda y exigir el pasaporte de vacunas. Se han producido algunos enfrentamientos, tanto con la policía como con los soldados.

El gobierno dice que sólo era “un ejercicio militar”, es decir, que se entrenan para imponer el estado de guerra.

El viernes, Bélgica anunció el cierre de las escuelas infantiles y primarias durante las vacaciones de Navidad una semana antes de lo previsto. También ha impuesto las mascarillas en las aulas para los niños a partir de seis años.

Ayer los manifestantes se enfrentaron a la policía en la capital belga durante una manifestación contra el pasaporte de vacunas que contó con la asistencia de más de 25.000 personas.

La policía trató de disolver la manifestación lanzando gases lacrimógenos y chorros de agua. Los manifestantes respondieron con latas, petardos y fuegos artificiales, al grito de “libertad, libertad”.

Cuatro manifestantes y dos policías resultaron heridos y fueron trasladados al hospital, y 20 personas fueron detenidas, dijo la policía.

Unidades de policía antidisturbios con escudos y cascos se desplegaron en los alrededores del barrio europeo, que alberga las instituciones de la Unión Europea. Varias carreteras estaban bloqueadas con barreras y alambre de espinos.

Además de los cañones de agua apostados en la ciudad, un helicóptero y drones sobrevolaban la zona.

Los manifestantes denunciaron las restricciones impuestas a la población desde el inicio de la pandemia, como la tarjeta sanitaria obligatoria para acceder a determinados lugares. También criticaron la cobertura de la crisis que han realizado los medios de comunicación.

Hace quince días, la policía se vio sorprendida por la magnitud de la movilización contra el pasaporte de vacunas, que reunió a 35.000 personas en la capital belga y provocó escenas de disturbios.

Sólo el 40 por cien de la población sudafricana se ha vacunado contra el covid, una lenta aceptación que se describe eufemísticamente como “indecisión sobre las vacunas”. Es todo lo contrario: es un rechazo furibundo.

Hay una serie de razones por las que es tan difícil conseguir que los sudafricanos acepten el “umjovu”, la inyección: la pésima gestión técnica del brote, el escepticismo que prevalece hacia la ciencia, la desconfianza hacia el gobierno y la aprensión generalizada de los pobres y marginados de que, en el mejor de los casos, se trata de otra forma de represión y, en el peor, de brujería. Es una mezcla peligrosa en un país que ya se encuentra en un estado de gran inestabilidad política, social y económica.

Al igual que en el resto del mundo, las estimaciones epidemiológicas sudafricanas sobre el número de víctimas mortales al principio del brote de coronavirus rozaban la fantasía. Las predicciones iniciales eran de entre 87.000 y 350.000 víctimas mortales en la primera fase. Hubo 103. Dos años más tarde, con el virus en retirada, las muertes atribuidas a covid (pero en ningún caso garantizadas) sólo empiezan a rozar las estimaciones iniciales más bajas.

Sin embargo, el gobierno sudafricano impuso uno de los confinamientos más largos y severos, con el apoyo de unos medios de comunicación nacionales y sociales enfervorizados. La decisión ha resultado inapropiada por su naturaleza, prematura por su calendario y catastrófica por su impacto. En un país en el que muchos dependen de salarios de subsistencia diarios o semanales, el repentino cese de la actividad económica causó estragos entre los pobres y los autónomos. Un Estado fallido fue incapaz de cumplir su promesa de subsidios, vigilancia responsable o contención efectiva.

Los primeros subsidios a particulares o pequeñas empresas tardaron más de un año en llegar. E incluso entonces fueron erráticos, propensos a la corrupción, inadecuados y, según muchos informes atestiguados, distribuidos con un sesgo racial. Casi una cuarta parte de las pequeñas empresas se han ido al garete y el desempleo se ha disparado.

Todo un sector de la población fue criminalizado de hecho: en los primeros cuatro meses del brote, 230.000 ciudadanos, el 0,4 por cien de la población, fueron acusados de infringir el reglamento de desastres por romper las restricciones, 311 de ellos policías. Todos los cargos fueron retirados posteriormente: el sistema de justicia penal simplemente no pudo hacer frente a la situación.

Por cada infección declarada hasta finales de junio del año pasado, se detuvo a siete ciudadanos por infringir la normativa; por cada 100 infecciones, se detuvo a un policía; y por cada 1.200 infecciones hubo una solicitud urgente del Tribunal Superior. Siete personas murieron a causa de la aplicación de la normativa con mano dura.

Cuando dos médicos que trabajaban en un hospital público fueron internados a la fuerza en uno de los campamentos rurales de aislamiento improvisados del Estado, el Tribunal Superior ordenó que se les permitiera autoaislarse en casa: aceptó la declaración de los médicos de que tenían más posibilidades de morir por las condiciones de encarcelamiento que por el virus.

La adquisición de emergencia de equipos personales, mientras tanto, abrió la puerta a la corrupción que acecha en todos los intersticios del Estado. El heredero del presidente Ramaphosa ha dimitido: una agencia estatal de investigación le acusa de dirigir una cuenta de equipos de protección personal de 350 millones de rands (16,6 millones de libras) a sus amigos. El Departamento de Sanidad de Gauteng, corazón industrial de la nación, está envuelto en una investigación por fraude de 560 millones de rands (26,5 millones de libras). La denunciante fue asesinada a los pocos días de iniciarse la investigación.

La pregunta de si el presidente Ramaphosa, un hombre decente, está presidiendo un partido en el poder en medio de un Robert Kennedy contra la Mafia ha sido al menos definitivamente respondida.

Al mismo tiempo, una administración pública ya peligrosamente comprometida por el clientelismo, la corrupción, la incompetencia y el despido de personal clave de raza blanca por razones de discriminación positiva, entró en un largo receso. Dos años más tarde todavía no ha regresado como es debido.

La aplicación de las normas de concesión de licencias de tráfico también ha estado en suspenso durante 18 meses, mientras 500.000 permisos de conducir esperan su autorización. No se pueden cerrar fincas, ni completar las investigaciones forenses, ni perseguir los delitos (incluidos los culpables del llamado proyecto de Captura del Estado del ex presidente Jacob Zuma), ni transferir propiedades. Más de medio millón de escolares no han vuelto a la escuela.

En cuanto a la carga de este fracaso en la prestación de servicios, la han soportado de forma desproporcionada los pobres, principalmente negros, pero cada vez más también los ciudadanos blancos, a juzgar por los mendigos de las esquinas. No cabe duda de que el efecto de las estrategias de contención propugnadas por los guerreristas sudafricanos facilitó los disturbios de julio de este año, que se cobraron 357 vidas en un azote de saqueos, incendios provocados y violencia, y que han sido la causa directa del drástico descenso del apoyo al partido gobernante en las elecciones municipales del mes pasado.

Los sudafricanos han soportado, si bien nunca han condonado, los absurdos y atrocidades de este pánico mal entendido, explotado e innecesario hasta la fecha. Los flujos y reflujos del debate mundial sobre el curso de la pandemia han sido observados intensamente aquí por la parte alfabetizada y en línea de la comunidad.

Han seguido, como muchos otros en el mundo, la forma en que las arrogantes certezas científicas que encerraban al mundo se están disolviendo ante la ciencia medida y los hechos empíricos. Entienden que no se puede seguir una "ciencia" cuando los científicos están irremediablemente enfrentados. Son conscientes del abuso tanto del lenguaje como de las estadísticas, en particular del nuevo fenómeno de las snatch-stats, por el que se arrebata la mortalidad por otras causas para el covid-19, o se utiliza la trayectoria natural de un virus que expira para justificar la eficacia de un antídoto o se anexa el exceso de muertes para justificar una causa perdida.

Observan la ironía por la que su gobierno, correctamente, dice al mundo que no se alarme por la variante de Omicron, mientras que simultáneamente contempla un grave asalto contra los derechos de sus ciudadanos para contenerlo, azuzado por los sospechosos habituales de aullar que exigen cierres totales. Los ciudadanos han seguido minuciosamente los recientes informes sobre cómo Pfizer ha convencido a su desesperado gobierno para que firme indemnizaciones legales por su producto: ¿quién ha oído alguna vez que se obligue a los ciudadanos a vacunarse cuando se exime al proveedor de toda responsabilidad por las consecuencias?

La mayoría de los sudafricanos no son teóricos de la conspiración, pero su historia les enseña una cosa cierta: el poder incontenido siempre acaba jodiendo. Y muchos se sienten jodidos ahora por una confluencia de fuerzas (no una conspiración) que -desde las grandes farmacéuticas, pasando por las grandes tecnológicas, hasta los gobiernos autoritarios- buscan sacar rédito de esta tragedia incomparable.

Pero existe otro grupo, mucho más importante, de indecisos y rechazantes. Aquellos que se toman el tiempo de hablar con los negros pobres y marginados se asombran de hasta qué punto, marcados por sus experiencias de encierro, consideran el miedo actual como un medio más para oprimirlos. Los toques de queda, las prohibiciones de alcohol y tabaco y la prohibición de las reuniones políticas con el pretexto de luchar contra covid-19 apoyan su caso. Y, para muchos, el umjovo es nada menos que ubuthakathi o brujería.

El presidente Ramaphosa se adentra aquí en un territorio peligroso. La aceptación de las vacunas es mayor entre las minorías por diversas razones, y es un sector de la minoría blanca el que más vocifera a favor de la vacunación a toda costa. Prohibir el acceso a los espacios públicos se traducirá instantáneamente, como siempre ocurre, en un escándalo político y racial. Los trozos de papel que permiten o restringen los movimientos de ciertas personas tienen un terrible historial en la historia de este país: una amarga resonancia para cada persona negra.

Fuerzas probadas e inquietas en Sudáfrica buscan hoy la oportunidad de reavivar la insurrección de julio. Son personas que no protestan mediante marchas ordenadas, carteles y empujones de cochecitos. Sólo buscan oportunidades; las consecuencias que traen los intentos humanos de contener la pandemia es una revolución.

Pero las revoluciones siempre acaban consumiendo a sus hijos. El tiempo consumirá sin duda las reputaciones de los arquitectos de esta tragedia de época: los científicos, las empresas farmacéuticas, los políticos y los medios de comunicación. Y si Ramaphosa no tiene cuidado, también podría consumir a la frágil nación de Sudáfrica.

Las reacciones opuestas a los pasaportes de vacuna no disminuyen. Dos ejemplos para ilustrar un fenómeno de rechazo, cada vez más extendido. Se habla mucho de la reacción política de los diputados comunistas, pero sólo refleja la posición de la población.

En Barnaul, el centro administrativo de la región de Altai, los centros comerciales han decidido por su cuenta, enfrentarse abiertamente al decreto del gobernador local, no comprobar los pasaportes de vacunas, no sólo en la entrada, sino tampoco en las tiendas de los centros en cualquier comercio. No sólo lo hacen de facto, sino que además lo exhiben y así lo afirman con carteles anunciadores.

En Moscú, el rector de la Universidad de Ciencias Técnicas de Baumanka, una de las más renombradas de Rusia, ha introducido los pasaportes de vacunas para los estudiantes como si fuera un signo de progresismo. El Ministerio de Investigación no quiso asumir la responsabilidad de una medida tan impopular y el 2 de noviembre aprobó un decreto en el que ordenaba a los directores de los centros de enseñanza superior que utilizaran las recomendaciones de Rospotrebnadzor, que no son actos normativos, para decidir por sí mismos cómo “luchar contra el coronavirus”.

Los estudiantes de Baumanka consideraron que los pasaportes de vacunas atentaban contra su dignidad y se rebelaron contra ellos. La revuelta incluyó tanto a los estudiantes vacunados como a los no vacunados.

La semana pasada, tras una reunión con padres y alumnos, el rector prometió anular la segregación de los estudiantes en función de los pasaportes de vacunas y permitir el acceso de todos a la enseñanza superior.

El conservatorio de música, que también tuvo esa tentación, la anuló aún más rápidamente. Pero lo destacable es que la reacción de profesores y alumnos fue decisiva.

En Rusia la introducción de los pasaportes de vacunas sólo la podrá hacer el gobierno por la fuerza. Entonces hay que mirar arriba porque se trata de un medida puramente política.

Putin actúa según su costumbre. Su discurso se ha vuelto muy cauto. Se ha reunido con los miembros del Consejo de Derechos Humanos, que se preocupan por los detalles técnicos de la medida, sin cuestionarla en absoluto. La posición de Putin es parecida:

“Debemos ser muy cuidadosos a la hora de adoptar estas decisiones. Antes de adoptar restricciones en el uso de los medios de transporte, tenemos que entender a qué conducirá esto. Y comprobar si el sistema de transporte está preparado, para no limitar los derechos de la gente, pero al mismo tiempo garantizar la seguridad y proteger la salud de estas personas, que tanto nos preocupan”, ha dicho Putin para no decir nada.

Restringir el acceso a los transportes sin vulnerar los derechos de las personas es imposible, imponer pasaportes de vacunas para acceder al espacio público es en sí misma una segregación y, por lo tanto, en sí misma, una vulneración de los derechos de las personas, que absolutamente nada puede justificar.

Putin en estado puro. Su cautela es un síntoma de que en el Kremlin no las tienen todas consigo, sobre todo por la rotunda oposición popular.

La URSS lo nacionalizó en 1919, aunque hoy, como las demás instituciones científicas, tiene una doble naturaleza: es un departamento de los Ministerios rusos de Sanidad y Defensa, y está financiado por un fondo de inversiones, público y privado a la vez, civil y militar a la vez...

Actualmente está dirigido por Alexander Gintsburg y fue la primera institución que patentó una vacuna contra el coronavirus que los medios occidentales se han dedicado a denostar porque no había mostrado los pertinentes ensayos clínicos, algo que es común a todas las demás.

Además de un “experto” al uso, Gintsburg es un personaje especialmente turbio, que ha realizado declaraciones absurdas sin morderse la lengua. “Sigo insistiendo en que es necesario no sólo introducir los códigos QR lo antes posible, sino con su ayuda delimitar estrictamente las posibilidades de interacción entre los vacunados y los no vacunados”, dijo ayer.

Siendo judío, debería haber recordado lo que supone la segregación de las poblaciones por el color de la piel, la confesión religiosa o los tratamientos médicos recibidos.

Gintsburg también reiteró la necesidad de observar las medidas de seguridad, en particular el uso de mascarillas. “La mascarilla protege principalmente contra las personas no vacunadas, que no tienen anticuerpos protectores. Y el uso de mascarillas por parte de los vacunados evita la transmisión del patógeno de la persona vacunada, que no sabe que es portadora, a la no vacunada”, dijo.

En octubre del año pasado Rossiyskaya Gazeta entrevistó a Gintsburg y le preguntó: “¿Por qué no lleva Usted mascarilla?” La respuesta fue: porque “estoy vacunado. Tengo un título alto de anticuerpos. Estoy completamente protegido y no soy peligroso en absoluto. Todos nuestros niños y niñas, todos los empleados están vacunados. Y lo han sido durante mucho tiempo” (*).

Como se ve, es una contradicción típica de esta pandemia. Una vez dicen una cosa y luego dicen la contraria. La ciencia cambia de la noche a la mañana y se aprovechan de que ya nadie se acuerda de lo que decían los “expertos” al principio de la pandemia sobre las mascarillas, sobre aplanar la curva, sobre la inmunidad de rebaño, etc.

Las mascarillas se contradicen con la segregación de las personas. Si aíslas a una parte de la población (vacunada) de la otra (no vacunada), las mascarillas dejan de ser necesarias. Pero este tipo de contradicciones, que en realidad son estupideces, resultan carcterísticas de la doctrinas seudocientíficas corrientes: los vacunados transmiten virus a pesar de las inoculaciones y a pesar de las mascarillas, y lo transmiten exactamente igual que quienes no se han vacunado y no llevan tampoco mascarilla.

Si las vacunas funcionan, no se necesitan pasaportes sanitarios y si no funcionan tampoco.

Si las mascarillas funcionan, no se necesitan pasaportes sanitarios y si no funcionan tampoco.

La diferencia es que en Rusia suelen ser tan directos que es un placer. El alcalde de Moscú, Serguei Sobianin, ha dicho: “Hay que entender que los códigos QR se introducen para que la gente se acostumbre poco a poco a que se tiene que vacunar”.

En efecto, los pasaportes de vacunas son un mecanismo de presión para que la población se vacune. Esa es su única utilidad: que las personas hagan dejación de sus derechos y pasen por el aro.

Para cualquier Estado del mundo que trata de imponer la vacunación, es intolerable y hasta subversivo que haya quien haga caso de los consejos y recomendaciones. Es lógico que no hagan caso de un político, porque nadie lo hace, ni de un periodista porque miente. Lo inaceptable es que no hagan caso tampoco de un “experto”.

Por lo tanto, no se puede dejar que un vacunado circule por las calles porque ridiculiza al Estado y, sobre todo, deja en evidencia a los mansos que han claudicado a las presiones.

Todo el mundo tiene que vacunarse, porque sin ello, ¿cómo van a conseguir un pasaporte de vacunas? Y si no tiene un pasaporte de vacunas, ¿cómo se acostumbrarán a que tiene que vacunarse?.

Nunca he oído hablar de una vacuna que haga que el virus se propague incluso después de la vacunación antes de esto.

Nunca habíamos oído hablar de recompensas, descuentos, incentivos para vacunarse.

No hubo discriminación para aquellos que no lo hicieron.

Si no estabas vacunado, nadie intentó hacerte sentir mala persona.

Nunca he visto una vacuna que amenace la relación entre familiares, compañeros y amigos.

Nunca he visto que una vacuna sea usada para amenazar los medios de vida, trabajo o escuela.

Nunca he visto una vacuna que permita a un niño de 12 años reemplazar el consentimiento de sus padres.

Después de todas las vacunas que he enumerado anteriormente, Nunca he visto una vacuna como esta, que discrimine, divida y juzgue a una sociedad como es.

Y como el tejido social se aprieta... mientras luchamos entre nosotros.

Electricidad cara

Gas súper caro

Gasolina carísima

etc etc etc etc etc...

¡Es una vacuna poderosa! Hace todas estas cosas mencionadas excepto la inmunización.

Si aún necesitamos una dosis de refuerzo después de estar completamente vacunados y aún así necesitamos obtener una prueba negativa de test después de estar completamente vacunados, y aún necesitamos usar una mascarilla después de estar completamente vacunados, y aún así ser hospitalizados después de haber sido completamente vacunados...

Probablemente llegó el momento de que admitamos que nos han engañado por completo.

La política nipona contrasta con otros países, como España, donde se minimizan los efectos adversos y se niega su vinculo con las vacunas, a fin de promocionar una vacunación masiva e indiscriminada.

Además, Japón hace hincapié en el consentimiento informado y la autonomía sanitaria del candidato, que desde 1945 eran pilares de la medicina en la mayor parte de los países del mundo. Las empresas farmacéuticas deben instar a los candidatos a que consulten a su médico antes de inyectarse.

El gobierno japonés está especialmente preocupado por el riesgo de miocarditis en hombres jóvenes a los que se les han inyectado las vacunas de Pfizer o Moderna.

En la actualidad hay tres vacunas disponibles en Japón. En las de Pfizer y Moderna las etiquetas indican que “este producto contiene un aditivo que nunca antes se había utilizado en una vacuna”.

Además, en Japón inyectan AstraZeneca, aunque el gobierno sólo la recomienda para personas de 40 años o más. La etiqueta también hace referencia al nuevo tipo de aditivo que contienen las inyecciones.

El sitio web del Ministerio de Sanidad japonés anima a los ciudadanos a vacunarse. Sin embargo, subraya que no es obligatoria: “Aunque animamos a todos los ciudadanos a que reciban la vacuna covid-19, no es obligatoria. La vacunación sólo se llevará a cabo con el consentimiento de la persona que vaya a ser vacunada después de que se le haya proporcionado información”, dice la web (*).

Además, el gobierno recomienda que quienes consideren la posibilidad de vacunarse piensen detenidamente tanto en su eficacia como en sus efectos secundarios: “Le rogamos que se vacune por iniciativa propia, comprendiendo tanto la eficacia de la prevención de enfermedades infecciosas como el riesgo de efectos secundarios. No se llevará a cabo ninguna vacunación sin el consentimiento”.

Las empresas no pueden obligar a los trabajadores a vacunarse. Los trabajadores tampoco pueden discriminar a los que rechazan las inyecciones: “Por favor, no obligues a nadie en tu lugar de trabajo o en tu círculo a vacunarse, y no discrimines a los que no se han vacunado”, dicen los anuncios oficiales.

El gobierno ha emitido instrucciones para tramitar las quejas si se discrimina a alguna persona en el lugar de trabajo en relación con las vacunas.

El otro proyecto de ley, relativo al acceso a los comercios y espacios sociales (restaurantes, bares, cines, teatros, etc.) sigue en el orden del día. La lucha continúa, pero la balanza ya ha cambiado.

La introducción por parte del gobierno de dos proyectos de ley de pasaportes sanitarios, uno relativo al acceso al transporte y otro a los espacios colectivos, ha provocado una reacción popular de una magnitud claramente inesperada por el gobierno. El presidente de la Duma forzó el debate público, tanto enviando los proyectos de ley a las regiones, como pidiendo a la población que se expresara, lo que hicieron criticando ambos proyectos de ley muy claramente.

Putin rompió el silencio para, sin cuestionar el principio de la utilización de los pasaportes sanitarios en la calle, pedir que se elaboren mejor estos textos, con el fin de encontrar un equilibrio entre la seguridad y los derechos de las personas.

El Ministerio de Transportes ha atendido este leve retroceso presidencial, al menos en, comprometiéndose a seguir trabajando para mejorar el proyecto de ley:

“Sin esperar a que finalice el procedimiento oficial de preparación para el examen del proyecto en primera lectura, el Ministerio de Transportes mantuvo conversaciones con los diputados del comité competente de la Duma, con expertos, con empresas de transporte y con organizaciones sociales. Al final, se decidió seguir trabajando en el proyecto de ley”.

El Gobierno, se seguirá trabajando en el proyecto de ley sobre los pasaportes sanitarios en el transporte, pero el relativo al acceso al espacio social será examinado por los diputados, según lo previsto, a mediados de diciembre.

Más bien parece una tregua que una victoria, pero algo es algo.

Volodin ha anunciado hoy que los diputados votarán la retirada del proyecto de ley sobre del orden del día y ha recordado que es el resultado de la opinión expresada por los ciudadanos y sus preocupaciones.

Como el rechazo popular va mucho más allá de los pasaportes sanitarios en el transporte, ya que se refiere, en general, al principio de condicionar el acceso a los lugares públicos a la presentación de un pasaporte, sería bueno que el segundo proyecto de ley se retirara también, no sólo del orden del día, sino que se devolviera al gobierno.

De momento eso no se ha logrado.

El estudio se publicó el lunes de la semana pasada en la revista “Circulation” de la Asociación Americana de Cardiología (1).

Los investigadores analizaron a 139 niños y adultos jóvenes con 140 episodios de sospecha de miocarditis, de los cuales 49 se confirmaron y 91 fueron probables. La mayoría de los pacientes eran hombres (126) y la edad media era de 15,8 años.

La sospecha de miocarditis se produjo en 136 de los pacientes, lo que equivale al 98 por ciento de todos los casos de miocarditis. La inyección de Pfizer fue responsable de 131 (94 por cien) de estos casos, de los cuales 128 (92 por cien) ocurrieron después de la segunda dosis.

Los investigadores afirman en sus conclusiones que el síntoma más común fue el dolor torácico, que se produjo en el 99 por cien de los pacientes, y que 26 pacientes (19 por cien) fueron ingresados en cuidados intensivos debido a la enfermedad.

Hay que recordar lo que han venido sosteniendo al respecto los médicos españoles que salen por la televisión. Primero que las vacunas eran seguras y no tenían efectos adversos. Después que las afecciones cardiacas no eran consecuencia de las vacunas. Luego que eran casos aislados. Finalmente que las miocarditis y las pericarditis eran afecciones leves y que los pacientes se recuperan rápidamente.

Todas y cada una de las secuencias del fraude se han ido desplomando. Las miocarditis y la pericarditis son afecciones extremadamente graves debido al papel vital que desempeña el corazón y al hecho de que el músculo cardíaco no puede regenerarse. Una miocarditis grave puede provocar un paro cardíaco y costar años de vida a una persona.

Según los datos oficiales de Reino Unido, publicados por la MHRA, hasta el 17 de noviembre se han notificado 686 casos de miocarditis y 578 casos de pericarditis como reacciones adversas a las vacunas. Son una parte de los 18.354 trastornos cardíacos notificados con 290 muertes.

Sin embargo, como en otros países, en Reino Unido sólo se registran una ínfama parte de los efectos adversos de las vacunas, que la MHRA calcula en un 10 por ciento de la cifra real. Por tanto, hay que multiplicar las cifras anteriores por 10 para obtener las cifras más probables.

El 29 del mes pasado la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) reconoció que las afecciones cardíacas son un riesgo causado por las vacunas. La UKHSA ha publicado unas directrices clínicas para apoyar la detección y el tratamiento de los casos clínicos de miocarditis y pericarditis asociados a las vacunas, especialmente para los niños y las personas menores de 40 años (2).

La primera sección de la guía clínica afirma que un alto porcentaje de los niños ingresados en los hospitales padecen miocarditis.

A principios de septiembre el Comité Mixto de Vacunación e Inmunización (JCVI) no se atrevió a justificar la vacunación de los niños. La decisión del director médico de Inglaterra, Chris Whitty, y sus colegas de inyectar a los niños, y la decisión del gobierno de aplicarla, no tienen precedentes. Antes de esto, siempre se habían seguido los consejos del JCVI.

Se han sacado de la manga la “variante ómicron” para seguir intimidando y ampliando el radio de acción de las vacunas. El gobierno británico ofrecerá una segunda dosis a todos los niños mayores de 12 años, aunque las autoridades saben que los niños tienen muchas más probabilidades de sufrir miocarditis después de la segunda dosis, como confirma el nuevo estudio publicado por la Asociación Americana de Cardiología.

Las consecuencias son evidentes: 111 pilotos han muerto en los primeros ocho meses de este año (1), lo que supone un aumento del 1.750 por cien en comparación con el año pasado, cuando se suponía que el mundo estaba en medio de una pandemia.

La revista de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas de Estados Unidos ha publicado la lista de los fallecidos. En comparación, hubo 6 muertes de pilotos de aerolíneas el año pasado, y solo una muerte en 2019.

La mayoría de las 111 muertes se produjeron tras la inyección de las vacunas contra el coronavirus y, como es natural, se atribuyen a cualquier otra causa o se describen como “repentinas” o “inexplicables”.

Sólo se registraron 5 muertes entre enero y marzo de 2021, cuando las tasas de vacunación aún eran bajas. Un total de 39 muertes se produjeron en el mes de julio y 34 en el de agosto, justo después de que los gobiernos y las empresas privadas impusieran los pasaportes sanitarios y la vacunación obligatoria en las empresas.

Los deportistas jóvenes y previamente sanos están experimentando la misma tendencia que los pilotos. Un seguimiento da cuenta de más de 300 incidentes médicos posteriores a la vacunación desde el 1 de enero hasta el 10 de diciembre (2). Se trata de atletas jóvenes y sanos que repentinamente, como en el caso reciente de Kun Agüero, se han desplomado en el campo de juego este año, o bien durante los entranamientos. De ellos, 170 deportistas han acabado muriendo.

En Estados Unidos la Ley de Lesiones causadas por las vacunas de la infancia de 1986 concedió protección legal a las empresas farmacéuticas. Con una inmunidad legal durante más de tres décadas, las multinacionales están exentos, como el rey emérito en España, de la responsabilidad legal cuando sus productos dañan a las personas.

Las farmacéuticas han trasladado esa exención de responsabilidad a todos los Estados del mundo, a cambio de suministrarles vacunas. Están por encima de la ley y cuentan con las grandes cadenas de comunicación para que guarden silencio.

Las grandes empresas tecnológicas pretenden convertirse en árbitro de lo que es cierto y es mentira, por encima de las revistas científicas. El British Medical Journal ha protestado porque se le califique como un “blog de noticias”, pero sus quejas han caído en saco roto. Por encima de todo, Facebook y los monopolios digitales tienen que sostener una cadena de argumentos que hace aguas por todas partes.

El mensaje dirigido a Zuckerberg dice lo siguiente:

En septiembre, un antiguo empleado de Ventavia, una empresa de investigación por contrato que ayudó a llevar a cabo el principal ensayo de la vacuna covid-19 de Pfizer, comenzó a proporcionar al British Medical Journal docenas de documentos internos de la empresa, fotos, grabaciones de audio y correos electrónicos. Estos materiales revelaron una serie de malas prácticas de investigación en ensayos clínicos que se estaban llevando a cabo en Ventavia y que podrían afectar a la integridad de los datos y a la seguridad de los pacientes. También descubrimos que, a pesar de recibir una queja directa sobre estos problemas hace más de un año, la FDA no inspeccionó los centros de ensayo de Ventavia.

El British Medical Journal encargó a un periodista de investigación que escribiera la historia para nuestra revista. El artículo se publicó el 2 de noviembre, después de una revisión legal, una revisión externa por pares y sujeto a la habitual supervisión y revisión editorial de alto nivel del British Medical Journal.

A partir del 10 de noviembre los lectores empezaron a informar de diversos problemas al intentar compartir nuestro artículo. Algunos informaron de que no podían compartirlo. Muchos otros informaron de que sus publicaciones estaban marcadas con una advertencia de “Falta de contexto. Los verificadores de hechos independientes dicen que esta información podría confundir a la gente”. Quienes intentaban publicar el artículo fueron informados por Facebook de que las personas que comparten repetidamente “información falsa” podrían ver sus publicaciones desplazadas hacia abajo en la sección de noticias de Facebook. Los administradores de los grupos en los que se compartió el artículo recibieron mensajes de Facebook en los que se les informaba de que esas publicaciones eran “parcialmente falsas”.

Los lectores fueron dirigidos a una “verificación de hechos” realizada por un contratista de Facebook llamado Lead Stories.

Consideramos que la “verificación de hechos” realizada por Lead Stories es inexacta, incompetente e irresponsable.

No proporciona ninguna afirmación de hecho de que el artículo del British Medical Journal se haya equivocado.

Tiene un título sin sentido: “Verificación de hechos: El British Medical Journal no reveló informes descalificadores e ignoró los fallos en los ensayos de la vacuna covid-19 de Pfizer”.

El primer párrafo califica inexactamente al British Medical Journal de “blog de noticias”.

Contiene una captura de pantalla de nuestro artículo con un sello encima que dice “Flaws Reviewed”, a pesar de que el artículo de Lead Stories no identifica nada falso o erróneo en el artículo del British Medical Journal.

Publicó la historia en su sitio web bajo una url que contiene la frase “alerta de fraude”.

Nos hemos puesto en contacto con Lead Stories, pero se niegan a cambiar nada de su artículo o de las acciones que han llevado a Facebook a marcar nuestro artículo.

También nos hemos puesto en contacto directamente con Facebook, solicitando la retirada inmediata de la etiqueta “verificación de hechos” y de cualquier enlace al artículo de Lead Stories, permitiendo así a nuestros lectores compartir libremente el artículo en su plataforma.

También hay una preocupación más amplia que queremos plantear. Somos conscientes de que el British Medical Journal no es el único proveedor de información de alta calidad que se ha visto afectado por la incompetencia del régimen de comprobación de hechos de Meta. Por poner otro ejemplo, destacamos el trato dado por Instagram (también propiedad de Meta) a Cochrane, el proveedor internacional de revisiones sistemáticas de alta calidad de la evidencia médica. En lugar de invertir una parte de los sustanciales beneficios de Meta para ayudar a garantizar la exactitud de la información médica compartida a través de los medios sociales, aparentemente ha delegado la responsabilidad en personas incompetentes para llevar a cabo esta tarea crucial. La comprobación de los hechos ha sido un elemento básico del buen periodismo durante décadas. Lo que ha ocurrido en este caso debería preocupar a todos los que valoran y confían en fuentes como el British Medical Journal.

Esperamos que actúen con rapidez: específicamente para corregir el error relacionado con el artículo del British Medical Journal y para revisar los procesos que condujeron al error; y en general para reconsiderar su inversión y enfoque en la comprobación de hechos en general.

bmj.com

Casi el 9 por ciento de la plantilla, más de 11.000 trabajadores, se habían opuesto formalmente a inyectarse. Además, hay ya varios desafíos en los tribunales a la orden del gobierno de Biden de vacunar a los trabajadores de las empresas subcontratistas.

Boeing dice que su decisión se produce después de la promulgación de una sentencia del Tribunal de Distrito a principios de este mes que detuvo la aplicación de la vacuna obligatoria ordenada por el gobierno de Biden para los contratistas federales.

Algunas grandes cadenas sanitarias y empresas como General Electric, Spirit AeroSystems y Amtrak también han suspendido la vacunación obligatoria de sus trabajadores.

En las últimas semanas, el número de trabajadores de Boeing que habían solicitado una exención de la vacuna había superado los 11.000, casi el 9 por cien de su plantilla en Estados Unidos, una cifra muy superior a la que los jefes de la empresa habían estimado.

El hecho de que la gran mayoría de las exenciones fueran por motivos religiosos situó a uno de los mayores empleadores de Estados Unidos en el centro de un debate sobre la posibilidad de indagar en las creencias religiosas de los trabajadores.

También dejó a los jefes de la empresa buscando una estrategia que evitara un éxodo de la mano de obra cualificada.

El requisito de vacunación de Boeing ha dado lugar a que más del 92 por cien de los trabajadores con sede en Estados Unidos se hayan registrado como totalmente vacunados o hayan recibido una exención por razones religiosas o médicas.

Boeing suspendió la obligatoriedad de la vacunación de acuerdo con la decisión del tribunal que anula la orden ejecutiva de los contratistas federales y de una serie de leyes estatales.

El mes pasado, la Casa Blanca retrasó hasta el 4 de enero su plazo para que los trabajadores de los contratistas federales se vacunaran o se sometieran a pruebas periódicas si obtenían exenciones.

Las vacunas llevan la marca “Gamaleya” pero no las fabrica Gamaleya. El nombre del proveedor es un misterio porque no aparece en ninguna de las fuentes abiertas que ha podido consultar la agencia de noticias Regnum (1).

Con los datos del Tribunal de Cuentas, Regnum ha analizado los contratos del Instituto Gamaleya a partir del año pasado por una cuantía superior a un millón de rublos, relacionados con la fabricación de vacunas. Aparecen 30 contratos para la “ejecución de trabajos de producción del medicamento Gam-COVID-Vac” firmados por Gamaleya con el mismo proveedor.

Pero, además de comprador, el Instituto aparece como (re)vendedor de las mismas vacunas a varios organismos públicos regionales. Como en cualquier transacción comercial, el precio de (re)venta no sólo es superior al de compra, sino que es superior al precio establecido por el gobierno central.

Además del Instituto Gamaleya, hay otros seis centros que figuran oficialmente como fabricantes de Sputnik: JSC Binnopharm (Zelenograd), JSC Generium (Vladimir), JSC R-Pharm (región de Yaroslav), CJSC Biocad (San Petersburgo), CJSC Pharmaceutical Firm LEKKO (Vladimir), OJSC Pharmstandard-Ufa Vitamin Plant (Bashkiria).

Al menos tres de ellos están interconectados y conducen a un oligarca que figura de la Lista Forbes de grandes millonarios: Viktor Jaritonin, fundador de un holding de medicamentos: Pharmstandard.

El principal accionista de Pharmstandard es la empresa chipriota Augment Invesments Limited, en la que aparece Jaritonin. Para muchos oligarcas rusos, Chipre es una especie de paraíso fiscal a partir del cual mueven el dinero por los mercados mundiales.

Jaritonin es el hijastro del antiguo ministro ruso de Industria y Comercio y antiguo viceministro de Finanzas, Viktor Jristenko, que es el marido de Tatiana Golikova, viceprimera ministra del gobierno y jefa del equipo político de respuesta a la pandemia en Rusia.

El antiguo adjunto de Jristenko en el Ministerio de Industria y Comercio, Andrei Reus, junto con Jaritonin, es miembro del Consejo de Administración de OTCPharm de la división Pharmstandard. Junto con otros, Golikova, Jristenko y Reus son los promotores de una fundación que quiere rehabilitar un viejo monasterio ortodoxo en Staritsky.

Jristenko, es también el fundador y presidente de la empresa farmacéutica Nanolek, que tiene previsto producir la segunda vacuna rusa: KoviVac, aprobada por el gobierno central en febrero de este año. Quien figura como propietario de Nanolek LLC también es otra empresa chipriota, Nanolek Holding Limited, en la que también figura Reus.

En consecuencia, la situación de las vacunas en Rusia no es diferente de ningún otro país del mundo. Los intereses comerciales son idénticos y, además, están directamente relacionados con cargos políticos.

¿De cuánto dinero estamos hablando?

Para calcular el coste de las vacunas para el presupuesto público del Rusia hay que remitirse a los datos del sitio web ruso Stop Coronavirus (2), según el cual Rusia ha vacunado a 51 millones personas en su totalidad. La parte del león de esas inyecciones corresponde a Sputnik y el precio oficial es de 850-870 rublos por cada dos dosis.

Bastaría, pues, con hacer una multiplicación para obtener una cifra por debajo de 44.000 millones. Pero no es así. A pesar de que en febrero el gobierno anunció una reducción de los precios de compra, un representante del Ministerio de Industria y Comercio declaró a Rossiyskaya Gazeta que las vacunas habían costado al presupuesto público casi 60.000 millones.

Una estimación más realista duplicaría esa cifra.

“Los padres de niños de entre 5 y 11 años se oponen en un 68% a la vacunación, de los cuales el 47% se opone firmemente”, afirma el Instituto.

Se trata de una mala noticia para el gobierno, partidario de que los niños de esas edades se vacunen. Si el gobierno francés está satisfecho con la alta tasa de vacunación entre los adultos, su deseo de vacunar a los niños de 5 a 11 años no es aceptado por los padres.

El Primer Ministro Jean Castex dijo hace unos días que vacunar a los niños es una “necesidad”, aunque no aclaró para quién.

El instituto traza el perfil político de los votantes a favor de la vacunación de los niños. Los votantes de Macron son los primeros (77%), seguidos por Benoit Hamon (65%) y François Fillon (58%).

Los que se oponen a la vacunación son Jean-Luc Mélenchon (izquierda) y Marine Le Pen (reacción), que representan respectivamente el 60 por cien y el 56 por cien de los opositores. Los encuestados también dieron su opinión sobre otros temas, como su intención de vacunarse o sobre la gestión de la crisis sanitaria por parte del gobierno.

Según la Organización Internacional para las Migraciones, al menos 40 países no han incluido a los desplazados e inmigrantes sin papeles en sus programas de vacunación y para las farmacéuticas constituyen un importante mercado de ventas.

Las principales empresas fabricantes están preocupadas por las demandas judiciales que se van a derivar de los efectos adversos, según documentos internos del holding farmacéutico Gavi. Sólo los chinos asumen las responsabilidades judiciales y económicas de sus vacunas.

La ONU dice que las multinacionales farmacéuticas han exigido a los países que les eximan de las reclamaciones judiciales e indemnizaciones económicas que se van a derivar por los efectos adversos que causan las vacunas.

Las ONG, las fundaciones y sociedades caritativas se van a encargar de llevar las vacunas Covax a los refugiados y emigrantes sin papeles, pero también se lavan las manos. La beneficencia internacional tampoco quiere asumir los riesgos judiciales, es decir, nadie se responsabiliza de las consecuencias que pueden acarrear las vacunas.

Se trata de ponerle el cascabel al gato. Las multinacionales han llenado de vacunas los almacenes de Covax, pero ahora se rata de llevarlas sobre el terreno e inyectarlas. Hasta ahora han enviado menos de dos millones de dosis a las poblaciones desplazadas. El resto del almacén corre el riesgo de caducar muy pronto.

No obstante, los refugiados y desplazados no necesitan vacunas porque los campamentos improvisados carecen de atención médica y no son capaces de registrar “brotes”, ni “casos”, ni “positivos” por lo que no pueden atribuir ninguna muerte al coronavirus.

reuters.com

Rockefeller diseñó cuatro escenarios (Lock Step, Clever Together, Hack Attack y Smart Scramble) que diseñan distintos desastres naturales y otras configuraciones apocalípticas. El primero es un escenario pandémico, sorprendente por su similitud con la pandemia declarada de coronavirus. Nadie antes conocía un confinamiento para toda la población, sana y enferma, sin distinción, con fines preventivos y durante tanto tiempo.

Esta es la descripción de la pandemia en “Lock Step”:

En 2012, por fin llegó la pandemia que el mundo llevaba años esperando. A diferencia del H1N1 de 2009, esta nueva cepa de gripe, traída por patos salvajes, era extremadamente violenta y mortal. Incluso las naciones mejor preparadas para ella se vieron rápidamente desbordadas cuando el virus arrasó el mundo, infectando a cerca del 20 por cien de la población mundial y matando a 8 millones de personas en sólo siete meses, en su mayoría adultos jóvenes sanos. La pandemia también tuvo un efecto letal en las economías: el movimiento internacional tanto de personas como de bienes se detuvo repentinamente, debilitando industrias como el turismo, e interrumpiendo las cadenas de suministro globales. Incluso a nivel local, los comercios y las oficinas, normalmente muy concurridos, quedaron repentinamente vacíos. La pandemia afectó a todo el mundo, pero de forma desproporcionada a África, el sudeste asiático y América Central, donde el virus se propagó con la velocidad del fuego en ausencia de protocolos oficiales para contenerlo. Pero incluso en los países más desarrollados, la contención ha sido un gran problema. La política inicial de Estados Unidos de "desalentar fuertemente" a los ciudadanos a viajar en avión resultó letal en su exceso, y aceleró la propagación del virus, no sólo en Estados Unidos sino también a través de las fronteras. A pesar de todo, algunos países salieron mejor parados, especialmente China: la rápida imposición por parte del gobierno chino de una cuarentena obligatoria para todos sus ciudadanos, acompañada del sellado instantáneo de todas sus fronteras, salvó millones de vidas, deteniendo la propagación del virus mucho antes que en otros países, y permitiendo una recuperación más rápida después.

El escenario “Lock Step” continúa describiendo que la brecha tecnológica entre los países avanzados y los que están en vías de desarrollo se amplía, así como el confinamiento nacionalista y las represalias entre países. El final de la simulación, que marca el epílogo de la deriva reaccionaria y represiva de los gobiernos a escala mundial, es sorprendente:

Alrededor de 2025 la gente empezaba a resentirse de este control verticalista, en el que siempre eran los dirigentes los que tomaban las decisiones por todos. Cuando los intereses nacionales chocan con los intereses individuales, surgen los conflictos. Las protestas esporádicas se volvieron cada vez más organizadas y coordinadas, a medida que los jóvenes, desanimados al ver que sus oportunidades se desvanecían en el aire -especialmente en los países en desarrollo-, planteaban la desobediencia civil.

En 2026, una protesta popular en Nigeria hizo caer al gobierno, acusado de nepotismo y corrupción. Incluso aquellos que apreciaban la mayor estabilidad y previsibilidad de este mundo empezaron a sentirse incómodos, atenazados por la gran cantidad de normas y restringidos por las fronteras nacionales. Había una sensación en el aire de que, tarde o temprano, algo iba a alterar inevitablemente el estricto orden que los gobiernos del mundo se habían esforzado tanto en establecer.

El estudio, que estaba disponible en el sitio web de la Fundación Rockefeller, empezó a circular. El hecho de que el público en general, se diera cuenta de una coincidencia tan singular -además de toda una serie de "profecías autocumplidas", como el Evento 201- perturbó la sensibilidad de los más sensibles.

El 27 de mayo de 2021 la Fundación Rockefeller retiró el documento de internet porque ellos son así: escriben la historia y luego la borran. Es posible descargar el informe del siguiente enlace, para ver y descargar el documento en Español IR AL SIGUIENTE ENLACE, en la cabecera de las paginas aparece la fecha y hora "20/12/21 14:57", la cual coresponde a la fecha y hora de la traduccion del documento, del Ingles original, al Españo.

Las restricciones sanitarias restringen gravemente el acceso de las personas sin pasaporte de vacunas, que ya no pueden entrar en muchas tiendas, restaurantes y eventos culturales.

Un tribunal de Baja Sajonia paralizó la aplicación de la normativa sobre comercio minorista. El Tribunal argumenta que las restricciones son discriminatorias.

“La sentencia de Baja Sajonia demuestra claramente que la normativa sobre 2G [restricciones sanitarias] no es una garantía legal para gran parte del sector minorista”, afirma Stefan Genth, director general de la Asociación Alemana de Comercio.

Genth espera que otros estados federales en los que se han impugnado las restricciones sanitarias sigan el ejemplo de Baja Sajonia.

“Otros gobiernos estatales deberían ahora también tenerlo en cuenta, evitar imponer cargas injustificadas al comercio minorista y no esperar a que sus ordenanzas vuelvan a ser recogidas por los tribunales”, dice en un comunicado.

Desde que se impusieron las restricciones sanitarias al sector minorista a principios de este mes, los comerciantes se han quejado de una fuerte caída de las ventas y del mal momento en que se produjeron las restricciones durante el periodo navideño.

En muchas tiendas, incluidas las de moda y electrónica, sólo se permitía la entrada a personas con pasaporte de vacunas.

Cuatro días después de la reunión, Collins se refirió a tres de ellos como “epidemiólogos marginales” en una directiva que envió a Fauci y a otros altos cargos de su organismo. Se trata de Martin Kulldorff, de la Universidad de Harvard, Sunetra Gupta, de la de Oxford, y Jay Bhattacharya, de la de Stanford.

Eran “marginales” porque preguntaron si el confinamiento eran eficaz. Fueron quienes redactaron la Declaración de Great Barrington, que ya fue objeto de un entrada anterior.

En un correo electrónico obtenido tras una demanda judicial, Collins le dice a Fauci que quería “una publicación rápida y devastadora” de las premisas de dicha Declaración. Fauci le responde esa misma noche diciendo que ya había un artículo demoledor sobre la Declaración de Great Barrington en Wired, y le envía una copia (1).

En Wired el divulgador científico Matt Reynolds decía que la ciencia no estaba dividida sobre la inmunidad de rebaño, pero que, en cualquier caso no había que preocuparse porque el confinamiento era cosa del pasado. “El problema [de la Declaración de Great Barrington] es que no estamos en confinamiento”, escribía Reynolds. “Es difícil encontrar personas que aboguen por volver al confinamiento que teníamos en marzo. Cuando los autores de la Declaración de Great Barrington muestran su oposición al confinamiento, están literalmente discutiendo con el pasado”.

Los “expertos” habían vuelto a hacer el ridículo: menos de un mes después, los confinamientos volvieron con fuerza en la segunda oleada del invierno del año pasado.

Fauci volvió a escribir a Collins al día siguiente, esta vez refiriéndose a un artículo de opinión de Gregg Gonsalves, profesor de salud pública de la Universidad Yale, en The Nation (2). El artículo de Gonsalves no era una crítica a la Declaración de Great Barrington. A quien atacaba era a Martin Kulldorff, que en una entrevista con la revista de izquierdas Jacobin, exponía que los confinamientos perjudican a los pobres más de lo que la mayoría de los tertulianos admitirían.

La queja de Gonsalves era que al entrevistar a Kulldorff, la revista Jacobin había roto con otros sitios web de izquierda, como The Nation y The Boston Review.

El 10 de octubre Collins le envió otro correo electrónico a Fauci en el que se jactaba de haber llamado “marginales” en el Washington Post a Kulldorff, Gupta y Bhattacharya, al tiempo que le decía a Fauci que su campaña para acabar con la Declaración de Great Barrington “no será apreciada en la Casa Blanca”.

La Casa Blanca, replicó Fauci, estaba “demasiado ocupada con otras cosas como para preocuparse” por la Declaración de Great Barrington. Al fin y al cabo, tenían que presentarse a las elecciones.

Gonsalves escribió directamente a Collins para agradecerle su poco diplomático acercamiento y se volvió cada vez más hostil y profano en sus comentarios sobre la Declaración de Great Barrington. “La puta Declaración de Great Barrington es como un mal sarpullido que no se va”, escribió Gonsalves. Un día antes, el profesor de Yale también había comenzado a despotricar sobre la Declaración de Great Barrington y el Instituto Americano de Investigación Económica.

Collins y Fauci estaban buscando una manera de atacar la Declaración de Great Barrington si surgía en la reunión del Grupo de Trabajo Covid de la Casa Blanca. El 16 de octubre Fauci envió un correo electrónico a Deborah Birx, la coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, insistiendo en la necesidad de que se oponga a la Declaración de Great Barrington y prepare el terreno para atacar a Scott Altas, que era el defensor más amistoso de la Declaración en el Grupo de Trabajo.

Dos días después Collins le informó por correo electrónico de que Atlas no había asistió a la reunión del Grupo de Trabajo y de que Declaración de Great Barrington no se había discutido.

Otro correo electrónico sugiere que Fauci celebró el resultado. La oposición de Atlas a la facción partidaria del confinamiento en el grupo de trabajo vuelve loca a Birx, confiesa Collins.

Sin embargo, Fauci y Collins no terminaron ahí con su campaña para derribar a los científicos que habían promovido la Declaración.

En noviembre Fauci pidió a Greg Folkers, su jefe de gabinete, una lista de fuentes que le permitiera argumentar eficazmente contra la Declaración.

Un reciente relato publicado por Scott Atlas sobre su participación en el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca (3), señala que Fauci suele recurrir a sus asistentes para recopilar listas de fuentes antes de sus numerosas apariciones en los medios de comunicación. Rara vez lee él mismo la literatura científica sobre el coronavirus. En su lugar llega a las reuniones con argumentos preparados por su personal. Parece que el correo electrónico de Folker era una respuesta a dicha solicitud de temas de conversación para atacar a los científicos promotores de la Declaración.

A menudo, Fauci se presenta como un defensor de la ciencia que se sitúa por encima de las divisiones políticas y se mantiene al margen de los debates. Pero no es así. Lo que Folkers le envía es una lista de siete editoriales y artículos políticos de los medios de comunicación generalistas que se oponen a la Declaración, es decir, que la información que maneja Fauci procede de las cadenas de la televisión.

Hace 40 años que Kennedy pregona a los cuatro vientos que es partidario de las vacunas, que se ha vacunado, que también ha vacunado a cada uno de sus hijos y que las vacunas han salvado millones de vidas en el último siglo. Pero no sirve de neda porque son inquisidores, como Resano, quienes ponen el sambenito a los demás y creen estar exentos de etiquetas propias. Kennedy es uno de esos detestables antivacunas y no hay nada más que decir.

Kennedy preside una asociación, Children’s Health Defense, que realiza una encomiable labor de denuncia de la continua intoxicación de los niños con toda suerte de sustancias químicas desde que nacen, en nombre de la salud y el bienestar de la humanidad.

La campaña de intoxicación de La Sexta contra Kennedy es una defensa a ultranza de uno de los sectores económicos que resultan intocables para las cadenas de televisión mundiales: los monopolios farmacéuticos. El reguero de cadáveres que sus medicamentos van dejando por el camino no les parece suficiente motivo para comentar, siquiera de vez en cuando, alguna de sus muchas tropelías.

Además, para atacar a Kennedy, La Sexta tiene un motivo de actualidad que Resano se cuidó de silenciar: su reciente y demoledor libro contra Fauci, de quien ya hemos dicho que es el verdadero patrón de esta pandemia, por encima de otros benefactores de la humanidad, como Gates o la propia OMS.

En algunas entradas ya hemos referido el papel de Fauci, con una carrera dilatada al frente de los organismos sanitarios de Estados Unidos, que son los que marcan la pauta de los demás países. Da igual que ganen los demócratas o los republicanos; Fauci siempre está en la Casa Blanca moviendo los hilos y, como es natural, el dinero. Ha asesorado a seis presidentes de Estados Unidos, al Pentágono, a las centrales de inteligencia, a los gobiernos extranjeros y a la OMS.

Desde 1968 Fauci ha ocupado diversos cargos en el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (Niaid), una delegación de los NIH, el servicio de salud estadounidense, de los que se convirtió en director en 1984, para inaugurar la pandemia de sida. Su trabajo ha consistido en imponer un modelo en todo el mundo: convertir los organismos públicos sanitarios en apendices de las multinacionales farmacéuticas.

Fauci maneja un presupuesto anual de 6.000 millones de dólares que destina a promocionar las políticas privatizadoras de la sanidad. En época de crisis y recortes, no es necesario gastar el dinero público cuando las empresas, las aseguradores o los fondos buitre pueden hacerlo mejor. No es necesario insistir en que, en realidad, no es Fauci: es el sistema, o sea, el capitalismo, que ha encontrado en la sanidad un mercado muy rentable.

Cualquiera de los aspectos que Kennedy aborda en su libro pondrá los pelos de punta al más sereno de los lectores. Por ejemplo, el cambio en los fljos de ayuda internacional a los países más pobres del mundo, antes volcados en la nutrición, el agua potable, el saneamiento y el desarrollo económico. Ahora los programas de salud pública de la OMS están volcados en vender remedios farmacéuticos y vacunas.

Como también hemos explicado aquí, la Fundación Rockefeller tuvo un papel pionero, recuerda Kennedy. En 1922 aportó casi la mitad del presupuesto inicial de la Organización Sanitaria de la Sociedad de Naciones (LNHO) y puso en marcha una asociación público-privada con las empresas farmacéuticas, la Comisión Internacional de la Salud, que comenzó inoculando la vacuna de la fiebre amarilla a las desventuradas poblaciones de los trópicos colonizados.

Cuando Rockefeller la disolvió en 1951, la Comisión Internacional de la Salud había gastado miles de millones de dólares en campañas contra las enfermedades tropicales en casi 100 países, que entonces estaban en una situación colonial. La salud pública permitió a Rockefeller abrir los mercados de los países en desarrollo al petróleo, la minería, la banca y otros negocios rentables, incluidos los beneficios farmacéuticos, que aumentaron drásticamente a partir de la década de los setenta del pasado siglo.