Al revés que Juan Palomo, ellos lo guisan, pero nosotros lo comemos, nolens volens.

Como hemos dicho en otras ocasiones, la mayoría de las medidas que están tomando los diferentes gobiernos que nos oprimen tienen mucho más que ver con la restricción de derechos y con la propaganda (tener que volver a llevar la mascarilla por la calle, por ejemplo) que con las razones sanitarias.

Cada vez se restringen más los derechos que teníamos en la calle, y la cárcel es un espejo de lo que pasa en la calle, pero aún más violento. Desde el confinamiento de 2020 hasta ahora los ataques contra los presos y las presas han sido constantes. Meses sin actividades, sin visitas, muchas veces sin médicos (en nombre de la salud les quitaron hasta el derecho a ser atendidos)… Cuando después de muchos meses recuperaron las visitas vis-a-vis, después de cada una de ellas les han aislado.

Durante los últimos meses esas restricciones han propiciado luchas por parte de los presos. Ibai Aginaga emprendió una huelga de hambre y sed tras una vis-a-vis para que le practicaran una PCR y le sacarán del aislamiento, en la cárcel de Basauri.

Dani Pastor también empezó una huelga de hambre en Zuera. Fue aislado, sin libros, sin tele o radio. Por medio de aquella lucha consiguió el compromiso por parte de la cárcel para que le sacaran del aislamiento.

El pasado fin de semana allegados de Patxi Ruiz se quedaron sin visita después de viajar a León, porque han suspendido todas las visitas. En la cárcel de Palencia han suspendido las visitas vis-a-vis, aunque de momento mantienen las visitas tras el cristal.

En Basauri y Zaballa mantienen todo tipo de visitas, y en Martutene solo las de locutorio, siempre y cuando se tenga el certificado covid. Si no, no hay posibilidad de hacer visitas, vulnerando así el derecho a las visitas de los presos y presas y cortando más hilos de las relaciones que mantienen con sus allegados. Estos no son más que los primeros pasos de lo que puede venir en las cárceles de la mano del PNV.

Bajo la excusa del virus han restringido todos los derechos en la calle y, en algunos casos, también los han borrado. Y en la cárcel les han dejado sin casi nada. Al parecer todo vale contra los presos y las presas, sobre todo porque nadie ve lo que pasa dentro. Estas medidas, lejos de basarse en criterios de salud, son herramientas para fomentar el control social.

En una situación de grave crisis económica, en un momento en el que cada vez somos más pobres, lo que buscan es anular el derecho a protestar, organizarse y luchar. Y en ese camino entra empeorar aún más las condiciones de las cárceles, porque ese es el sitio que tienen preparado para quienes se levantan contra la opresión.

Las cárceles, lejos de ser lugares para resocializar a nadie, son lugares para someter a la clase obrera y, muy especialmente, para doblegar la voluntad de los presos y presas políticas. Todo esto para defender los intereses y los privilegios socio-económicos de esos parásitos que forman la burguesía y la oligarquía.

Tinko hace un llamamiento a organizarse ante la represión y a favor de la amnistía. ¡La lucha nos liberará!

Igual que en el franquismo, es como llevar el DNI permanente en la boca, pero no sólo para la policía, sino para cualquier tipo de establecimiento, es decir tanto público como privado.

El Ministerio británico de Interior y el Disclosure and Barring Service (DBS) colaboran con el DCMS en la nueva legislación que implementará la identidad digital en Reino Unido. Los cambios legislativos entrarán en vigor el 6 de abril de este año.

El marco jurídico de referencia establecerá las normas que deben seguir los establecimientos públicos y privados para llevar a cabo controles de identidad digital sistemáticos y permanentes sobre la población. Aprovechando la pandemia, la iniciativa se lanzó en febrero del año como un prototipo provisional. Desde entonces se ha sometido a dos rondas de consulta pública, para ser probada a fondo en los servicios, industrias e instituciones, y difundida entre los usuarios. El marco jurídico sigue desarrollándose y la siguiente fase comenzará este mes, sin necesidad de cambiar la legislación vigente.

La pandemia ha sido un campo de pruebas para pemitir certificados a distancia para la contratación laboral y el alquiler de viviendas. El Ministerio de Interior inició un estudio sobre la tecnología disponible para emitir certificados digitales de identidad en el futuro.

La revisión ya se ha completado y ahora estudian las principales conclusiones del experimento.

El Ministerio del Interior reconoce las ventajas de los certificados digitales y los modelos de contrato de trabajo a distancia, que son cada vez más frecuentes.

Las empresas y los propietarios de viviendas recurrirán a los proveedores de certificados IDVT (identidad digital) para acreditar y comprobar la identidad de las personas que no pueden recurrir a los servicios en línea del Ministerio del Interior, incluidos los ciudadanos británicos e irlandeses.

Este cambio se alinea con la propuesta del DBS de permitir la verificación de la identidad digital como parte de su proceso de selección previa a la contratación laboral, a través de la introducción de su ITS (Esquema de Identidad Comprobada).

A los empresarios, la verificación de la identidad digital les garantiza la identidad de los trabajadores, utilizando métodos coherentes y seguros, reduciendo el riesgo y permitiéndoles contratar de forma fiable.

La introducción de estos cambios en los regímenes permitirá alcanzar dos objetivos. El primero, permitir que las personas validen su identidad a distancia, demuestren su derecho a trabajar o alquilar y soliciten los certificados del DBS. El uso de la identidad digital permite a los usuarios cargar imágenes de sus documentos personales, en lugar de presentar documentos físicos a un empresario, lo que reduce el tiempo y el riesgo.

El segundo, permite que los proveedores de servicios de identidad digital del sector privado sean homologados de forma independiente por el Servicio de Acreditación de Reino Unido (UKAS) para garantizar que la tecnología cumple las normas públicas y que los datos de los solicitantes están protegidos.

El uso de la identidad digital para la contratación laboral, el alquiler de viviendas y el DBS contribuirá a respaldar los contratos de trabajo a largo plazo tras la pandemia, mejorar la movilidad de los trabajadores y aumentar la seguridad e integridad de las comprobaciones. La tecnología utilizada en todo el proceso de identificación elimina el error en cuanto a la identificación de documentos fraudulentos o inexactos y ayuda al Ministerio del Interior, al DBS y al DCMS a introducir mejoras a través de empresas privadas.

Este mes en Reino Unido la identidad digital y su certificación será competencia de empresas privadas. A su vez, los proveedores de identidad digital tendrán que acreditarse ante los organismos públicos correspondientes. Los cambios en los regímenes de contratación laboral, alquileres y DBS garantizan que los proveedores puedan realizar una única certificación para estos controles desde el principio.

Mientras tanto, mantendrán los controles de identidad según las directrices actuales. Los empresarios y los arrendadores deben seguir comprobando los documentos prescritos. Alternativamente, pueden utilizar los servicios en línea del Ministerio del Interior.

Los CDC rebajan los días de cuarentena a la mitad, de 10 a 5 días. En una declaración dicen que el cambio está motivado “por la ciencia”, pero Fauci dijo otra cosa: que era “para que la sociedad pueda seguir funcionando”.

En España el consejo interterritorial casi hace lo mismo: la rebaja a siete días.

Con la pandemia la ciencia cambia muy rápido. En su nueva guía los CDC dicen que las personas que fueron vacunadas pero no recibieron la dosis de refuerzo deben seguir ahora los mismos consejos que las personas no vacunadas. En otras palabras: los que se han vacunado es como si no lo hubieran hecho.

Para las personas que no estén vacunadas o que hayan pasado más de seis meses después de su segunda dosis, o más de dos meses después de la vacuna Johnson & Johnson, y que aún no hayan recibido un refuerzo, los CDC recomiendan ahora una cuarentena de cinco días seguida de un uso estricto de mascarilla durante cinco días más (*).

Alternativamente, si no es posible una cuarentena de cinco días, es imperativo que la persona expuesta lleve una mascarilla en todo momento cuando esté en presencia de otras personas durante los 10 días posteriores a la exposición. Las personas que han recibido la vacuna de refuerzo no necesitan estar en cuarentena después de una exposición, pero deben llevar la mascarilla durante 10 días después de la exposición.

A buen entendedor pocas palabras bastan: los que están vacunados pero no tienen la dosis de refuerzo, debe tomar las mismas precauciones que los que nunca se han vacunado.

A diferencia de las vacunas contra el coronavirus, la triple vírica es obligatoria para ir a la escuela, pero a nadie se le pide nunca la cartilla de vacunación triple vírica en su empresa o cuando entra en un bar, restaurante o teatro. Tampoco hay que llevar mascarilla.

Además, un niño debe recibir dos dosis de la triple vírica a la edad de cuatro años, y luego se acaba de por vida. Los colegios tampoco suelen exigir la vacunación contra la gripe, que se administra anualmente.

Exigir que las personan se vacunen y luego refuercen la vacunación cada seis meses aproximadamente no tiene precedentes y crea una especie de estado de vigilancia permanente.

Recientemente, una directora de los CDC confesó que este tipo de medidas no se adoptan por motivos sanitarios, sino para probar la capacidad de aguante de la población.

Sin embargo, en 2021 también ha habido un exceso de mortalidad muy importante en muchos países. El director de la compañía de seguros OneAmerica, Scott Davison, estima que en Estados Unidos es del orden del 40 por ciento. También hay importantes incrementos en Reino Unido, Alemania, Israel y Austria.

Los fallecidos corren en paralelo con las vacunas, es decir, que las vacunas no han reducido la mortalidad sino que la han incrementado, por lo que blanco y en botella.

A diferencia de 2020, la mortalidad se ha incrementado poderosamente entre la población en edad de trabajar, entre los 18 y los 64 años de edad. Al tratarse de personas aseguradas, las cifras se reflejan en la contabilidad de las empresas del ramo.

“Actualmente estamos experimentando la tasa de mortalidad más alta que hemos visto en la historia de esta industria, no sólo en OneAmerica”, dijo Davison. “Una catástrofe que se produzca una vez cada 200 años supondría un aumento del 10 por cien con respecto al periodo prepandémico. Así que el 40 por cien es simplemente inaudito”, añadió.

La mayoría de las muertes notificadas a la aseguradora no están clasificadas como muertes por “covid”, aseguró también Davison.

Las aseguradoras también estaban comprobando un aumento de las reclamaciones por incapacidad, inicialmente las de corta duración, mientras que ahora están aumentando las de larga duración. “Esperamos que el coste de OneAmerica supere ampliamente los 100 millones de dólares, y esta es nuestra división más pequeña. Así que tiene un gran impacto”, dijo Davison.

En la misma rueda de prensa en la que habló Davison, Brian Tabor, presidente de la Asociación de Hospitales de Indiana, dijo que los ingresos han aumentado de todo el estado, aunque no saben las causas, al menos de momento.

El número de ingresos hospitalarios en el estado es ahora mayor que antes de que se introdujeran las vacunas, e incluso mayor que en los últimos cinco años, confirmó también la doctora Lindsay Weaver, directora de salud de Indiana.

Sólo el 9 por ciento de las camas de cuidados intensivos están disponibles en los hospitales de Indiana, un mínimo para este año y más bajo que en cualquier momento de la pandemia. Sin embargo, la mayoría de las camas de la UCI no están ocupadas por pacientes con covid; sólo el 37 por cien lo están, mientras que el 54 por cien de están ocupadas por personas con otras enfermedades.

La media de muertes diarias atribuidas al covid es menos de la mitad de lo que era hace un año. En el punto álgido de la pandemia, hace un año, murieron 125 personas en un solo día: el 29 de diciembre de 2020. En los últimos tres meses, el mayor número de muertes en un día fue de 58, el 13 de diciembre.

En un estudio, los científicos de la Universidad Columbia concluyen que los riesgos asociados a las vacunas, incluidas las de refuerzo, “superan los beneficios en niños, adultos jóvenes y adultos mayores con bajo riesgo laboral o exposición previa al coronavirus” (1).

Inicialmente los investigadores afirmaron que entre febrero y agosto de 2021 hasta 187.000 personas podrían haber muerto a causa de las vacunas sólo en Estados Unidos, aunque posteriormente consideraron que sus propias cifras podrían seguir subestimando el verdadero impacto de las vacunas, elevando el número de muertes hasta los 820.000 fallecimientos.

No obstante, los últimos cálculos, siguen indicando que la infravaloración es aún mayor (2), ya que puede superar un factor de 44, lo que situaría el número real de muertes por las vacunas en 893.000 fallecidos, sólo en Estados Unidos.

En los 14 días siguientes a la vacunación los datos de Medicare arrojan 52.030 muertes, en una población de 27.431.845 vacunados, es decir, una tasa de mortalidad de 189 por cada cien mil. Dado que Medicare sólo está disponible para el grupo de edad de más de 65 años, con algunas excepciones insignificantes, hay que sumar los datos del Vaers para ese grupo de edad.

En ese tramo de edad, la tasa de mortalidad es de 423 muertes por cada cien mil vacunados. En consecuencia, el factor de infravaloración del Vaers es 44 vaces más bajo que el real, lo que significa que la tasa de notificación de dicha base de datos es del 2,2 por cien para todos los efectos adversos de las vacunas y todos los grupos de edad.

Desde el pasado 30 de diciembre, y hasta el próximo 20 de enero, el pasaporte de vacunas ya no es ncesario para acceder a los actos y lugares públicos donde se aplican las restricciones sanitarias. En la práctica eso significa que no se aplicarán las normas en ningún lugar, según el periódico Yle News (2).

Es una admisión implícita de que el pasaporte de vacunas no sirve para nada, ni puede contener ninguna pandemia.

En las últimas semanas, Markku Tervahauta, director general del Instituto Finlandés de Salud y Bienestar (THL), había manifestado que podría ser útil replantearse el pasaporte de vacunas: una decisión que debía tomarse a raíz de la reflexión de los expertos, que temían que las personas no vacunadas pudieran infectarse por individuos vacunados que fueran portadores del virus.

Las reglas carecen de sentido y son arbitrarias, los mensajes son contradictorios, la premisa misma es absurda.

Cada día se lanza una nueva ocurrencia pandémica y a cada cuál más represiva, pero mientras algunas personas ponen sus ojos en blanco, protestan o simplemente ríen de incredulidad, son muchas más las personas que aceptan tales normas o pasan desapercibidas.

El ejemplo de España es sin duda clarividente, donde el gobierno, ante el colapso de la Seguridad Social por las bajas supuestamente achacables a la variante Omicron, va a reducir los días de baja médica de las personas afectadas. Porque la regla no va cambiando en función de la letalidad de la variante, sino de la cuenta corriente de las pensiones.

En realidad, intentan vendernos todos los días que dar positivo en una prueba PCR que no sirve para detectar ningún virus, significa que estás portando una enfermedad peligrosa. Pero por otro lado están solicitando que esas personas portadoras de un «virus mortal» trabajen. Es la prueba gráfica de que esto no va de enfermedades ni de virus.

Más bien, parece tratarse de hacer cumplir reglas que tienen poco o ningún sentido, que requieren conformidad al precio de la razón, trazando líneas arbitrarias en la arena y exigiendo que las personas las respeten, haciendo que las personas crean «hechos» que son demostrablemente falsos.

En psicología clínica, uno de los signos diagnósticos del psicópata es que dicen mentiras elaboradas, compulsivamente. Muchas veces dirán una mentira incluso si la verdad fuera más beneficiosa .

Nunca se puede obligar a las personas a obedecer reglas que tengan sentido, porque pueden estar obedeciendo a la razón de ser de las mismas, y no a la fuerza que las impone. El verdadero poder radica en hacer que las personas tengan miedo de algo que no existe y en hacerlas abandonar la razón en nombre de protegerse de la amenaza inventada.

Para garantizar que tiene el control, debe hacer que la gente vea cosas que no existen, hacer que la gente viva en una realidad construida a su alrededor y obligar a la gente a seguir reglas arbitrarias y contradictorias que cambian día a día.

Para probar realmente su lealtad, su hipnosis, incluso podría decirles que ya no hay nada que temer, pero que deben seguir las reglas de todos modos.

mpr21.info

La encuesta subraya un colapso preocupante de la confianza en la autoridad de control y prevención de enfermedades del país, el Instituto Robert Koch. Según el citado diario, el 57 por ciento de los encuestados no confía en los datos, mientras que el 32 por ciento todavía cree que el gobierno tiene credibilidad cuando se trata de publicar cifras de COVID.

Una de las razones citadas por Bild para la falta de confianza es el hecho de que un gran número de personas hospitalizadas por otras razones se cuentan falsamente como pacientes de COVID.

Sin embargo, la falta de confianza también se extiende en la dirección opuesta, y muchos alemanes creen que el gobierno no informa con precisión la verdadera magnitud de las infecciones por Omicron.

El ministro de salud de Alemania, Karl Lauterbach, reconoció la semana pasada que el alcance total de la propagación de Omicron «no se describía con precisión en las cifras oficiales debido a los falsos negativos de las pruebas, así como a los retrasos en la notificación de nuevos casos«.

El Instituto Robert Koch respondió a la encuesta culpando a las autoridades de salud locales por no presentar los datos de salud a tiempo.

La encuesta también encontró que la mayoría de los alemanes no estaban satisfechos con la respuesta de Berlín a la pandemia.

El reciente escándalo que involucró al alcalde de Hamburgo habrá hecho poco para aumentar la confianza en las autoridades cuando se trata de cifras oficiales. Peter Tschentscher afirmó que los no vacunados representaron el 95% de los casos de COVID. Después de una investigación del Senado, se reveló que la cifra real era del 14,3%.

Son muy malos momentos para la libertad de expresión, sobre todo porque la cloaca de sitios web que dicen defenderla, son sus más acérrimos enemigos, para lo cual suministran a cada paso su conocido gazpacho de adjetivos: magufos, conspiranoicos, negacionistas, antivacunas, ultraderechistas...

Ante la marea de movilizaciones en toda Europa contra los pasaportes de vacunas, las webs domesticadas y sus periodistas estelares, como Miquel Ramos, siguen buscando ultraderechistas con lupa. Es el mejor servicio que le prestan a la reacción, tanto dentro como fuera del gobierno.

Ayer La Marea volvía a la carga con un artículo venenoso del plumífero alemán Thilo Schäfer (*) que sugiere, con una sutilieza farisaica, “tomar medidas” contra Telegram, una red social que no ha entrado en la ola censora de otras, como Facebook, Twitter o YouTube.

Malos tiempos para la libertad de expresión y malos tiempos para redes, como Telegram, que no han entrado en el juego inquisidor. El gobierno alemán quiere responsabilizar a Telegram de los contenidos que introduzcan sus usuarios, como se hace con Facebook, Twitter o YouTube, lo que supone una espada de Damocles para que contrate “verificadores de hechos” y empiece a eliminar mensajes e incluso errar cuentas completas.

Telegram ha crecido porque se ha convertido en un refugio para quienes han tenido que huir de la censura de otras redes. En los medios digitales el tamaño importa mucho. Hasta ahora la red rusa se ha librado de la furia de los inquisidores, como La Marea, sólo porque era marginal. Albergaba pocos usuarios que, además, están ubicados en Europa oriental y en países de Oriente Medio.

La ola censora ya ha comenzado como comienzan estas novedades: con un “debate sobre si se debe actuar contra Telegram”. Por su parte, el gobierno alemán ya ha lanzado dos advertencias contra Telegram, pero los responsables “no hacen caso”. La nueva ministra de Interior, Nancy Faeser, tomará medidas para “forzar a Telegram a cooperar”, lo que se traduce así: deberán empezar a censurar lo mismo que censuran las demás redes sociales.

El pretexto del plumífero tampoco es nuevo, los contenidos violentos, por lo que —siguiendo ese mimso criterio— deberíamos cesurar también el cine de terror, o “La naranja mecánica”, o “Reservoir dogs”, o “Asesinos natos”, o “El club de la lucha”, por poner algunos ejemplos. ¿Por qué no se permite en una red social lo que aparece con tanta abundancia gráfica en el cine o la televisión?

En una red social no se pueden contar mentiras, sobre todo contra las vacunas, mientras que en el cine todo es mentira por definición. ¿Por que no cerrar los cines?, ¿por qué no emitir documentales exclusivamente en las televisiones?

El caradura de Schäfer acaba con un requiebro torero: si el gobierno alemán interviene en los contenidos de las redes sociales, Putin también lo podría aprovechar “para sofocar cualquier crítica u oposición”. Lo que es bueno para Alemania no lo es para Rusia.

Este es el tipo de basura que difunden medios como La Marea.

“Realmente quiero fastidiar a los no vacunados. Y vamos a seguir haciéndolo así, hasta el final. Esa es la estrategia”, dijo el Presidente de la República, mientras el proyecto de ley sobre el pasaporte de vacunación daba lugar a un tormentoso debate en la Asamblea.

A la pregunta de un lector del periódico que señalaba que los no vacunados “ocupan el 85 por cien de las [camas de] reanimación” en los hospitales, lo que lleva a posponer las operaciones, Macron respondió que esta observación “es el mejor argumento” para la estrategia del gobierno y que, “en democracia, el peor enemigo es la mentira y la estupidez”.

“Casi toda la gente, más del 90 por cien, se ha adherido” a la vacunación y “es una minoría muy pequeña la que es resistente”, añadió.

“¿Cómo reducimos esa minoría? Lo reducimos, siento decirlo, molestando aún más. No estoy a favor de molestar a los franceses. Me quejo todo el día de la administración cuando los bloquea. Pues bien, aquí, los no vacunados, tengo muchas ganas de cabrearlos”, continuó.

“No voy a meterlos en la cárcel, no voy a vacunarlos a la fuerza. Y por eso hay que decirles: a partir del 15 de enero, ya no podrán ir al restaurante, ya no podrán tomar una caña, ya no podrán ir a tomar un café, ya no podrán ir al teatro, ya no podrán ir al cine”, dijo Macron.

Así están las cosas por ahí arriba: un Presidente de la República anuncia que quiere cabrear a 5 millones de personas que ejercen un derecho personal. Lo que no sabe es que ya están bastante cabreados.

Pollard preside del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización (JCVI). En una entrevista con The Telegraph dijo que seguir una política de “covid cero”, es decir, de no contagio, era una tontería y que “en algún momento la sociedad se tiene que abrir”.

El profesor exigió ver pruebas más sólidas antes de apoyar una cuarta ronda de dosis: “Depende de si su objetivo es detener todas las infecciones, pero eso es un error. El objetivo es prevenir enfermedades graves y proteger los sistemas sanitarios de todo el mundo”.

Pollard dijo que las dosis de refuerzo deben centrarse en las personas vulnerables, y añadió: “No podemos vacunar al mundo cada cuatro o seis meses. No es sostenible ni asequible”.

Tras señalar que ómicron ha demostrado ser mucho menos severo que las variantes anteriores, Pollard cree que “lo peor ha quedado absolutamente atrás, sólo tenemos que pasar el invierno”.

También dijo que “no es un muy partidario” de los programas de vacunación obligatoria, especialmente en Reino Unido, donde un programa de este tipo sería “inapropiado”.

Catorce días sin apenas salir de la celda. Es la situación que decenas de presos del Centro Penitenciario de Ponent han vivido estas últimas semanas a causa de un supuesto brote de coronavirus registrado en el módulo 7 y que se ha aplicado, curiosamente, en el momento de mayor conflictividad laboral de la historia de esta prisión.

El protocolo del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya para evitar la propagación del coronavirus en las prisiones señala que si hay una agrupación de tres casos positivos o más, se considera que hay un brote, lo que implica que todos los presos de un mismo módulo han de cumplir una cuarentena de catorce días.

El Departamento de Salud detalla que esto, en la práctica, implica que deben aislarse en la celda hasta que no tengan un resultado negativo en una prueba diagnóstica. En el módulo 7 de Ponent, el criterio médico marcó mantener el aislamiento para evitar más contagios a la espera de terminar todas las pruebas y, desde hace pocos días, pasar de aislamiento a confinamiento, menos restrictivo, pero también con limitaciones.

Según explica Alejandra Matamoros, abogada de Pablo Hasél, esta situación ha implicado que tanto él como otros presos hayan tenido que aislarse en la celda durante muchos días, también después de haber dado negativo en una prueba PCR.

Denuncia que esto ha significado una «doble condena» y ha causado mucho malestar entre los presos. El Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos y la Asociación de Familias de Presos de Cataluña también tienen constancia de quejas sobre la dureza de los confinamientos. Por ejemplo, un preso informó al Observatorio el 24 de diciembre de que todo el módulo 7 estaba confinado con un régimen de vida similar al primer grado –el de los presos considerados peligrosos o de alto riesgo–, sin recepción de visitas ni acristalamiento.

Aislamientos duros

En buena parte, este malestar se debe a las dificultades de los presos para comunicarse con el exterior, por todo lo que implica salir tan poco de la celda y por la gran diferencia entre los confinamientos en las prisiones y los del exterior.

Esto, en la práctica, acaba significando que los presos sólo pueden salir de la celda por poco más que ducharse y hacer las comunicaciones establecidas (videoconferencias judiciales o videoentrevistas con abogados, con límite de tiempo), una situación anómala que no ocurre ni en los casos de regímenes más duros y que les afectados denuncian. A raíz de esta situación, el Departamento de Justicia dice que, si bien existe un número reglamentado de llamadas, no hay un número cerrado de salidas de la celda, porque se valora según las necesidades básicas de las personas, siendo la prisión quien determina, por supuesto, estas necesidades.

En el caso de Pablo Hasel, denuncia a su abogada, esto ha implicado una reducción muy importante de sus comunicaciones con el exterior: “Estos últimos días ha recibido una nueva condena, a tres años de cárcel. En catorce días tan sólo he podido contactar con ellos para hablar de la cuestión en diecisiete minutos de videollamada, añadidos a los de las llamadas normales. Pero las llamadas sólo las ha podido hacer cuando los funcionarios han querido, y de la misma manera con las duchas, no se ha podido duchar todos los días. Esto no ocurre en todas las cárceles, porque las más nuevas tienen ducha dentro de la celda, pero en Ponent están en el patio y deben salir. Y cuando han salido para ducharse es cuando les han dejado llamar.”

Según las últimas informaciones facilitadas por Justicia, esta situación de aislamiento ha cambiado recientemente para los presos de los módulos 7 y 8, que han pasado de aislamiento a confinamiento. El módulo 7 había llegado a tener 44 positivos, pero ahora tan sólo hay 12; 2 en el módulo 8 y uno en el módulo de enfermería. Es una situación en la que se pueden compartir los espacios comunes del módulo, pero no los del resto del centro penitenciario, como los talleres, la zona deportiva y la zona de comunicaciones. Esto todavía significa que hay restricciones importantes. «Si llegan a los veintiún días con restricciones, habrán sido confinados el triple de tiempo que no lo está la gente fuera«, denuncia Matamoros. «No tiene ningún sentido alargar el confinamiento de esta manera.»

Trastornos psicológicos y tortura

De la misma forma que la pandemia ha afectado a la salud mental de mucha gente, en las prisiones también hay preocupación por esta cuestión a raíz de los confinamientos. “Los presos con trastornos mentales han sufrido ataques de pánico, ansiedad y depresiones que no se han tratado psiquiátricamente. Hay presos que han estado tres meses sin tener comunicación con la familia a través del vidrio, y esto ha pasado factura”, explica Gracia Amo, portavoz de la Asociación de Familias de Presos de Catalunya, a partir de lo que los presos han ido contando.

De hecho, un reciente informe del Síndic de Greuges señalaba que más del 60% de los aproximadamente mil internos encuestados habían sufrido efectos emocionales debido al confinamiento y que, de estos casos, casi el 90% no se había tratado en modo alguno. Matamoros habla de un caso de la cárcel de Ponent: “Un preso tuvo un ataque de ansiedad y empezó a golpear y a gritar. El resto de presos golpearon las puertas de las celdas exigiendo atención y lo único que hicieron fue darle más medicación.”

Naciones Unidas ha catalogado este tipo de aislamientos prolongados como un sistema de tortura, y de acuerdo a los convenios internacionales suscritos por España, están prohibidos.

Más de 10.000 personas se han registrado ya en el portal en línea del gobierno para que se les indemnice por los gastos médicos y la pérdida de ingresos debida a la hospitalización tras la vacunación.

La indemnización mínima es de 5.000 dólares australianos (unos 3.230 euros), lo que significa que el programa podría costar al menos 50 millones de dólares, si se aprueba cada solicitud.

El regulador médico australiano, TGA (Administración de Productos Terapéuticos), ha registrado casi 79.000 casos de efectos secundarios para 36,8 millones de dosis de la vacuna. Esto representa una pequeña minoría (0,21 por cien) de los 37,8 millones de dosis administradas a 18,4 millones de australianos hasta la fecha.

“Las reacciones adversas, aunque sólo afecten a una pequeña proporción de la población, tienen un efecto devastador en las personas afectadas”, declaró Clare Eves, directora de un bufete de abogados. Los problemas cerebrales o cardíacos podrían ser indemnizados con cientos de miles o incluso millones de dólares. El gobierno no ha dicho qué pruebas serán necesarias para demostrar estos daños.

La TGA ha identificado 288 casos de inflamación del corazón relacionados con la vacuna de Pfizer, y 160 casos de trombosis con síndrome de trombocitopenia, un raro trastorno hemorrágico, relacionados con la vacuna de AstraZeneca. Nueve muertes estuvieron relacionadas con la campaña de vacunación, la gran mayoría de ellas mayores de 65 años, según la TGA.

Tras un fracaso inicial, Australia intensificó su campaña de vacunación en la segunda mitad del año.

smh.com.au

La burocracia sanitaria se reconvierte en uno de los aparatos represivos del Estado y podrá emitir “órdenes de detención de emergencia” de las personas o grupos de personas “con fines de aislamiento o cuarentena”. Los sanitarios pueden pedir a la policía que les ayude a capturar a los apestados y recalcitrantes a las vacunas y, además, ostentarán la condición de “agentes de la autoridad” para hacer cumplir inmediatamente las órdenes emitidas para detener y encarcelar a quienes estimen necesario por el bien de la salud pública.

La “orden de detención de emergencia” legaliza el aislamiento y la detención de los que no se sometan voluntariamente a las inyecciones “durante un periodo no superior a diez días”.

Sin embargo, un juez puede prorrogar la cuarentena forzosa “por un periodo no superior a treinta días” si la persona o familia aislada persiste en rechazar la vacunación.

El miércoles el Consejo de Salud del Estado de Washington celebrará una reunión pública virtual para debatir la aplicación de la nueva norma.

El miércoles de la semana pasada el gobernador del estado, Jay Inslee, que aparece en la foto de portada, lanzó nuevas amenazas a no los vacunados, un estilo de gobierno que, junto a los insultos y chantajes, se ha convertido en norma política habitual durante la pandemia.

Inslee está contratando un “equipo de respuesta” para gestionar las instalaciones del campo de internamiento. Los consultores del equipo ganarán entre 3.294 y 4.286 dólares al mes por sus servicios.

El estado también se ha asociado con el monopolio Amazon para crear un portal web a fin de que las personas se hagan pruebas regulares de coronavirus en casa y seguir manteniendo la ficción de brotes, casos y contagiados.

Su redactor jefe es Richard Horton, que aparece en la foto de portada. En 2020 Horton publicó un libro titulado “The Covid-19 Catastrophe” (1), que ya va por su segunda edición. En su obra culpa de la crisis y de las muertes a los gobiernos occidentales, una tesis con la que no puedo estar más de acuerdo.

También anuncia el advenimiento de una especie de “cientificismo”, al que llama “biocracia” o gobierno de las ciencias biológicas, que recuerda bastante al complejo militar industrial al que hizo referencia Eisenhower en 1960. Otras veces se ha llamado “tecnocracia”, un término que evoca la banalización de la política posmoderna, un terreno abonado a la mediocridad.

Según Horton, se ha firmado una especie de nuevo “contrato social” entre los gobiernos y los científicos que viven en un estado de emergencia permanente. Los gobiernos no podrían sostenerse sin dar un tufillo “técnico” a su gestión diaria que, muchas veces, sirve para encubrir la corrupción, porque según una opinión muy extendida la corrupción es algo inherente sólo a los políticos, no a los médicos, o a los académicos.

Así se han justificado muchos golpes de Estado: para acabar con la corrupción y sustituir a los políticos por los expertos. Pero, como dice Horton, los científicos son tan corruptos como los políticos. En otra entrada ya ha quedado expuesto que las publicaciones científicas están involucradas en los montajes políticos de la pandemia (2).

Horton lo sabe bien porque en mayo de 2020 su revista -junto con otras- orquestó un montaje fraudulento contra la hidroxicloroquina y luego él personalmente trató de lavarse las manos, achacándolo a los autores del artículo (3).

No hace falta decir, pero quizá sí, que otra de las opiniones de Horton también me parece totalmente correcta: “La transferencia del poder a la ciencia podría resultar una peligrosa subversión de los últimos vestigios de nuestros valores democráticos”.

Si la ciencia no es lo que muchos creen, la revistas científicas, que a veces se identifican con ella, tampoco lo son. Como las cadenas de televisión, las revistas también son empresas privadas. Se rigen por lo mismos principios. Da lo mismo que hablen de política, del automóvil, de cotilleo o de ciencia.

The Lancet es una marca comercial de Elsevier, un gigante monopolista de la edición que se fusionó con Reed International y cambió su nombre por el de Relx (4). En su cartera comercial tiene otras revistas científicas como Cell. Su capitalización bursátil es 170.000 millones de dólares y obtiene 2.000 millones de dólares de beneficios al año. Su tamaño le sitúa entre los cinco primeros grupos de producción de contenidos del mundo, no muy lejos de Netflix y Disney y por delante de Sony.

La ciencia es un gran negocio y las revistas también. Muchas universidades, laboratorios y científicos no pueden pagar el elevado precio de las suscripciones para acceder a los artículos de investigación que, por lo demás, casi siempre se financian con fondos públicos.

Desde 2018 en el consejo de administración de Relx se sientan dos nuevos socios: los fondos buitre BlackRock y Artisan Partners. El primero es el mayor accionista de Relx, con más del 10 por cien del capital. También es el segundo mayor accionista de las farmacéuticas Pfizer, Johnson & Johnson y Merck MSD, justo por detrás de Vanguard, otro buitre gigantesco.

Deberían estar claros los motivos por los cuales las revistas científicas publican ciertos artículos, no publican otros y orquestan montajes fraudulentos para mejorar los beneficios de las grandes empresas farmacéuticas: los mismos que nombran al director de Relx, nombran también al director de Pfizer.